El mundo en foco | Columna de análisis
Transcurridos 35 años desde que las autoridades estadounidenses lanzaran oficialmente el decálogo de los principios liberales que debían regir la economía mundial, recogidos en el denominado Consenso de Washington, el presidente Trump ha echado por la borda su pilar comercial –al anunciar uno de los mayores paquetes arancelarios de la historia– y ha retomado el camino del proteccionismo. Desandar el camino recorrido, con su impronta imperial, en el que se han construido complejas relaciones de encadenamientos productivos, y debilitar las instituciones vinculadas al ordenamiento jurídico que los garantizaba, promovidas fundamentalmente por el gobierno estadounidense, tendrá altos costos para la economía mundial. Entre otros, desincentivará las inversiones en sectores exportadores.
En el marco de esta política comercial proteccionista, Trump ha abandonado organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNESCO, la Organización de los Derechos Humanos de la ONU, y debilita la Organización Mundial del Comercio (OMC) al bloquear los nombramientos de nuevos jueces en el Órgano de Apelación para la solución de controversias de la institución.
La nueva geografía arancelaria
Desde el jueves 7 de agosto las exportaciones de casi todo el mundo se verán gravadas con aranceles al ingresar a Estados Unidos. Su implementación está generando un caos en la economía internacional debido, entre otros, a las marchas y contramarchas del presidente Trump, cuyo criterio para imponerlas no solo obedece a consideraciones comerciales de una supuesta inequidad que perjudica a su país, sino a su uso como arma geopolítica. Así, el miércoles, Donald Trump emitió una Orden Ejecutiva en la que anunció la imposición de un arancel adicional del 25% a las importaciones procedentes de la India, elevando así el gravamen a los productos de ese país hasta el 50%, al considerar que actualmente “el Gobierno de la India importa, directa o indirectamente, petróleo de la Federación Rusa”.
En la misma Orden Ejecutiva se advierte que el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, en coordinación con el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, determinarán si algún otro país importa, directa o indirectamente, petróleo ruso, lo que podría llevar a la adopción de medidas, incluyendo la posibilidad de imponer un arancel ad valorem adicional del 25% a las importaciones de artículos de ese país.
Por eso, como si las autoridades chinas no estuvieran atentas a estos comunicados, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo al día siguiente que no descartaba la posibilidad de que el presidente Trump, imponga más aranceles a China si no suspendía las importaciones de petróleo de Rusia. Las autoridades chinas han defendido la legitimidad y legalidad de sus relaciones económicas, comerciales y energéticas con Rusia, y han señalado que China seguirá actuando con vistas a garantizar la seguridad energética del país, a pesar de la amenaza del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles secundarios a los países que compren petróleo ruso. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China ha subrayado que “la cooperación económica, comercial y energética habitual de China con países de todo el mundo, incluida Rusia, es legítima y legal” y ha asegurado que seguirán adoptando “medidas razonables de seguridad energética” basadas en los intereses nacionales de China.
El acuerdo alcanzado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente Trump en Escocia, el pasado 27 de julio, contempla un arancel de 15 % a la mayoría de los productos europeos exportados a Estados Unidos. Además, incluye el compromiso de compra por parte de la Unión Europea (UE) de productos energéticos –principalmente petróleo, gas natural licuado (GNL) y combustibles nucleares– a su socio estadounidense por un valor de 750.000 millones de dólares en tres años. Con absoluta renuncia a la soberanía energética del viejo continente, von der Leyen dijo que así, la UE dejaría de depender definitivamente de los suministros energéticos rusos para 2028. Por otro lado, se acordó un aumento de 600.000 millones de dólares en inversiones europeas en Estados Unidos, lo cual no puede ser garantizado por la Comisión Europea. El acuerdo, que no tiene carácter vinculante, ha dividido a los socios de la UE.
En América Latina
En nuestra región no se ha salvado ningún país: ni los que tienen suscritos tratados de libre comercio (TLC), ni su fiel seguidor, el libertario presidente Milei, quien a estas alturas de la vida negocia a hurtadillas una suerte de Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Salvo Ecuador, Venezuela y Costa Rica que deberán pagar aranceles del 15%, y Nicaragua con un 18%, al resto les ha impuesto un arancel generalizado del 10%, sin tomar en cuenta la situación superavitaria o deficitaria de su balanza comercial, o si tienen vigentes TLC con el país del Norte. Es el caso de los países de América Central, Panamá, República Dominicana, Chile, Colombia y Perú. Cabe señalar que la mayoría de los países latinoamericanos que han suscrito TLC con Estados Unidos, tienen una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos.
Estados Unidos ha gravado a dos de sus principales aliados en la región con 15%: Ecuador y Costa Rica. Este último tiene suscrito un TLC, y además mantiene déficit comercial con Estados Unidos, mientras que Ecuador viene negociando uno sin éxito desde hace años y mantiene un superávit comercial con su vecino del norte.
México fue eximido por 90 días del 25% que Trump impuso a principios de febrero a los bienes no cubiertos por el Acuerdo Canadá/Estados Unidos/México de 2020 (T-MEC), mientras que los mantuvo con Canadá. El futuro es incierto para estos socios pues el T-MEC será revisado a mediados de agosto, a solicitud del presidente estadounidense. México destina cerca del 85% de sus exportaciones a su vecino del norte y Trump tiene intenciones de que el país azteca autorice el ingreso de tropas del ejército de su país para combatir el narcotráfico en México.
El más castigado sin duda ha sido Brasil, país al cual Trump le ha aplicado un arancel de 50% a cerca de la mitad de las exportaciones que el gigante sudamericano envía a ese destino. En efecto, el miércoles 31 de julio, Trump oficializó los aranceles –aunque exceptuó algunas partidas importantes las de la empresa EMBRAER y el jugo de naranja– después de firmar una orden ejecutiva que acciona la ley de emergencia internacional (IEEPA) al calificar a Brasil como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos”.
A raíz de las amenazas proteccionistas de Trump desde que asumió el gobierno en enero de este año, el gobierno brasileño cuenta con una ley de retaliación, que contempla medidas de liberación de los derechos de propiedad intelectual como parte de las retaliaciones. Sin embargo, el presidente Lula ha dicho que optará por las negociaciones comerciales sin que ello interfiera en el juicio a Jair Bolsonaro, conforme lo dispuesto por el Supremo Tribunal Federal y tampoco aceptará que las denominadas empresas Big Tech, sean exoneradas de cumplir con la legislación brasileña.
Salvo los presidentes de Brasil y México, el resto ha preferido un bajo perfil de las gestiones que realizan.
Los efectos en Estados Unidos
Según el Departamento del Tesoro, el gobierno estadounidense recaudó casi 30 mil millones de dólares en ingresos arancelarios en julio, lo que representa un aumento del 242% en los ingresos arancelarios en comparación con julio del año pasado. A Donald Trump le gusta la idea de bajar los impuestos a la renta y reemplazarlos con aranceles, lo que tiene un efecto regresivo pues los primeros benefician más a los estadounidenses más ricos, que son los que más ganan. En cambio, los aranceles a los productos importados aumentan el costo de los bienes cotidianos que proporcionalmente afectan a la población de menores ingresos.
El incremento de los aranceles se volverá en contra de los consumidores y empresarios estadounidenses. Por el momento, muchas empresas han absorbido los mayores costos sin subir los precios, aunque no es el caso de los electrodomésticos, juguetes, tarifas de productos electrónicos de consumo y otros bienes sensibles a los cambios arancelarios que se están encareciendo, según muestran los recientes informes de inflación publicados por el Gobierno. Muchas empresas, como Walmart y Procter & Gamble, han advertido sobre futuras subidas de precios. Estados Unidos tiene actualmente una tasa arancelaria media efectiva del 18,3 %, la más alta desde 1934.
Las ventas finales a los consumidores se han ralentizado (1.2% en el segundo trimestre frente al 1.9% en el primero). El consumo privado ha registrado altibajos, con una recuperación en el segundo trimestre, pero con proyecciones de crecimiento moderado para el resto del año. La tasa de desempleo (4.2%) aumentó +0.1% en junio y en el mismo mes se crearon 73.000 puestos de trabajo, una cifra inferior a las expectativas. La creación de empleo durante los meses de mayo y junio se ha revisado fuertemente a la baja.
Como al presidente Trump no le gustaron las cifras débiles sobre la creación de empleo, despidió a la jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer. Para muchos, su despido representa una muestra más del ejercicio extraordinario del poder presidencial y consideran que Trump ejerce la autoridad de la Casa Blanca para intentar controlar el sistema de comercio internacional, las empresas de medios, las principales universidades de Estados Unidos y el poder constitucional del Congreso sobre el presupuesto, entre otras instituciones. Asimismo, Trump criticó muy duramente al presidente de la FED, Powell por su decisión de mantener las tasas de interés. La inflación registró un 2,7 % en junio, frente al 2,4 % en mayo, por encima del 2% al que apunta Powell.
El FMI prevé un crecimiento económico estadounidense del 1.9% para 2025 (por debajo del 2.8% de 2024) y advierte que los “choques comerciales persistentes” podrían perjudicar la estabilidad a mediano plazo.
La imposición de aranceles a las exportaciones que ingresan al mercado estadounidense tiene lugar en un contexto caracterizado por una dispersión en la construcción del poder global, cuya expresión más visible es el protagonismo creciente de los miembros del BRICS+. Este Foro es rechazado por el presidente Trump al verlo como potencial amenaza a la hegemonía que Estados Unidos todavía mantiene, aunque cada vez más compartida
La creciente rivalidad de Estados Unidos con China se expresa no solo en la guerra comercial, iniciada ya durante su primer mandato, sino en las medidas que impiden su desarrollo tecnológico ya sea mediante la prohibición de exportación de nanochips con tecnología estadounidense desde otros países, así como el establecimiento de alianzas con países que producen tecnología a la que China no tiene acceso. En esta línea se ubica la propuesta presentada por el presidente Biden de conformar una Chip 4 Alliance que busca construir una red de suministro de semiconductores con potencias asiáticas (Corea del Sur, Japón y Taiwán) y dejar desprovista de estos insumos a la industria de chips de China a pesar de que las ventas de las empresas tecnológicas de punta de estos países, especialmente las de Corea del Sur y Taiwán, dependen significativamente del mercado chino. Asimismo, los acuerdos con Japón y los Países Bajos, a través de sus empresas ASML Holdings y Nikon Corporation para prohibir la venta a China no solo de los chips más modernos, sino también de los más grandes y antiguos, empleados principalmente en el sector automotriz e industrial.
El problema para Estados Unidos es que la imposición imperial de aranceles, así como de sanciones, le generan un búmeran toda vez que, en un mundo interdependiente, los países afectados buscarán desviar su comercio de Estados Unidos o intentarán utilizar otros medios distintos al dólar para comerciar. Ello atenta contra su privilegio de tener la moneda de circulación y de reserva internacional, lo que menoscaba su capacidad de liderazgo.
“El mundo en foco” es la columna quincenal de Ariela Ruiz Caro para Mira: Feminismos y Democracias. Ariela Ruiz Caro es economista con maestría en procesos de integración económica y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina.
