Laura Carlsen
La administración Obama ha estado jugando nuevamente al ping-pong político, en donde un funcionario lanza una declaración sólo para que otro le rebote la declaración contraria.
En una entrevista hecha el 9 de septiembre con la agencia española de noticias EFE y publicada bajo el encabezado “Kerlikowske apoya la meta de desmilitarizar la lucha antidrogas en México”, el Director de la Oficina de la Política Antidrogas de Estados Unidos” (también llamado “zar antidrogas”) declaró:
“La aplicación de la ley y la vigilancia policial necesita realizarse con la policía, no con los militares.”
Al día siguiente el diario mexicano La Jornada publicó sus declaraciones en primera página. La desmilitarización es una demanda crucial del movimiento por la paz en México, en tanto que el presidente Calderón defiende el uso de las fuerzas armadas en la guerra contra las drogas y hasta llegó a proponer reformas a la Ley de Seguridad Nacional para crear un marco legal para que el ejército opere de forma permanente contra el crimen organizado dentro del país.
Dado este enfrentamiento en la política mexicana, en los hechos Kerlikowske golpeó un avispero… y Washington registró instantáneamente los zumbidos y la agitación.
Tal vez fue una llamada desde Los Pinos o de ese “alguien especial” en la enorme estructura antidrogas de la Embajada de Estados Unidos en México. Sea cual fuere la fuente de las quejas, la respuesta fue inmediata.
El 10 de septiembre la Embajada de E.U. emitió un comunicado del vocero de la Oficina de la Política Nacional para el Control de las Drogas que dirige Kerlikowske, en el sentido de que sus señalamientos habían sido “erróneamente interpretados”. De acuerdo con La Jornada, el vocero modificó las declaraciones originales como sigue:
“Entendemos que el despliegue de fuerzas militares en misiones contra el crimen organizado es una medida temporal y de transición y apoyamos plenamente la decisión del presidente Felipe Calderón de llevar a cabo tal despliegue, así como sus esfuerzos para desarrollar la capacidad del sistema de procuración de justicia civil para hacer frente a las organizaciones del crimen organizado.”
Lo anterior regresa a la línea de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional y del Pentágono, los principales proponentes de la Iniciativa Mérida.
En realidad las declaraciones de Gil Kerlikowske no eran nada sorprendentes. Él es policía. Fue reclutado como director de la oficina nacional antidrogas de E.U. tras haber sido Jefe de la Policía de Seattle de 2001 a 2009 y anteriormente haber encabezado las policías de otras ciudades. Es lógico asumir que la idea de encomendar al ejército el trabajo de seguridad pública de la policía iría contra sus principios y su preparación.
Lo que tampoco sorprende es la reacción de “control de daños” del régimen de Obama. A medida que se hunde cada vez más en el sangriento lodazal que es la guerra antidrogas de Calderón, las relaciones públicas han adquirido la más alta prioridad. Los miembros tanto del régimen de Obama como de Calderón parecen confiar en el poder de la repetición para persuadir al público que no importa cuánto se deteriore la situación, la guerra antidrogas es la respuesta única.
El problema que enfrentan es que el apoyo público a la guerra antidrogas disminuye en el mismo grado que aumenta el número de muertes: casi 50 mil y en aumento constante. La expansión de la Iniciativa Mérida en una fase de restricciones presupuestales en E.U., sin resultados positivos que mostrar (los arrestos de capos de la droga sin que haya señales de una mayor seguridad pública ni seguimiento a cada caso NO SON un resultado positivo por sí solos) hasta ahora había pasado inadvertida, pero ya grupos sociales están comenzando a marcar el programa como otra tarea inútil de sus instituciones de defensa y un peligroso detonador de la violencia al sur de su frontera.
Probablemente Kerlikowske creyó no hacer más que reiterar lo que ambos gobiernos ya han declarado: que el despliegue de las fuerzas armadas es un último recurso y que la meta es transferir los esfuerzos contra las drogas a las policías; pero en el clima político actual, las críticas al papel del ejército provocaron el acuerdo de las organizaciones de derechos humanos y una aguda reacción defensiva de ambos gobiernos.
Aunque tal vez recibió una leve llamada de atención por decirlo, Kerlikowske estuvo en lo correcto. El uso del ejército en la guerra antidrogas mexicana es debatido por los juristas, criticado por grupos de derechos humanos que señalan la creciente cantidad de abusos cometidos, y temido por los movimientos prodemocráticos que perciben la militarización como un medio de hacer retroceder la débil transición democrática mexicana.
También aparece como ineficaz: las regiones donde se han realizado más operativos militares también son las más violentas, con la Ciudad y el Valle de Juárez como el ejemplo más prolongado y más sangriento. Las víctimas que se han expresado dentro del movimiento por la paz comparten repetidamente historias de falta de seguridad y de justicia en áreas virtualmente controladas por las fuerzas armadas.
Vale la pena examinar otra parte de las declaraciones de Kerlikowske que se apartaron del guión de la línea estándar en pro de la guerra antidrogas del régimen estadounidense. Para convencer a los contribuyentes de que el crimen organizado que opera en México es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, muchos belicistas de esta administración han exagerado los supuestos peligros de “la violencia que se filtra del otro lado, y la idea de que los cárteles mexicanos son los que manejan el comercio de narcóticos en E.U. Kerlikowske quitó credibilidad a la imagen de una invasión de la delincuencia organizada extranjera al aseverar, con mucha lógica, que los vendedores de drogas siempre han comprado las mismas a extranjeros:
“No es que el cártel de Sinaloa en México tome decisiones sobre el mando y el control en alguna ciudad estadunidense. Creo que es un asunto tradicional de oferta y demanda. Los tratantes de drogas en Estados Unidos acuden al cártel de Sinaloa a conseguir drogas para venderlas y distribuirlas aquí.”
Añadió que la policía de Estados Unidos no está detectando que tratantes de drogas estadunidenses operen bajo instrucciones directas recibidas de México.
Kerlikowske cometió el delito político de criticar una guerra contra las drogas que el régimen de Obama ha resuelto apoyar incondicionalmente a pesar de sus propias dudas, expresadas en numerosos cables de Wikileaks filtrados por personal de la Embajada (de E.U.). El endeble intento de su propia oficina de “corregirlo” resultó humillante y no convenció.
Kerlikowske dijo lo correcto sobre lo equivocado de usar al ejército en una guerra contra las drogas. Lo que le faltó señalar fue lo equivocado del modelo total de imposición de la ley/prohibición, el mismo que ha acabado en la muerte de 50,000 mexicanos y ha hecho a Estados Unidos el campeón mundial en el encarcelamiento de sus propios jóvenes. Su retirada de los argumentos originales para favorecer una nueva política sobre las drogas, menos centrada en la prohibición y más en la salud y seguridad públicas, fue algo notable en un momento en que la administración Obama se ha convertido en el promotor número uno de las guerras contra las drogas en todo el mundo.
No importa si esta guerra no da resultado, los daños humanos colaterales ni las violaciones legales implícitas. El compromiso de los gobiernos de Estados Unidos y México con un modelo militarizado para atacar el consumo de drogas ilícitas y el narcotráfico parece inamovible.
Y aparentemente, no admitirá opiniones divergentes en esta materia.
