Elección boliviana confirma historia de sesgo en la OEA bajo Almagro

By  |  26 / octubre / 2020

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El contundente resultado de las elecciones en Bolivia ha logrado restablecer la democracia en aquel país después del golpe de estado de hace un año. Sin embargo, ha abierto una herida no sanada en el hemisferio, al poner en evidencia, aún más, las mentiras de Luis Almagro, secretario general de la OEA y su misión electoral que, con falsas declaraciones de fraude, instigó al golpe y desató la violencia y la pérdida de vidas, sobre todo indígenas, en el país andino.

En la Asamblea General de la OEA el 21 de octubre, el gobierno de México insinuó que Almagro no tiene “la autoridad moral” para seguir a cargo del organismo multilateral, citando como ejemplo principal las elecciones de Bolivia en 2019 “…en donde la Secretaría General utilizó de manera facciosa a la Misión de Observación Electoral para denunciar un supuesto fraude, nunca comprobado, de manera prematura. Las elecciones del domingo pasado en ese país mostraron la misma tendencia electoral que en 2019. Este uso faccioso generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en Bolivia, y creó un entorno internacional de confrontación. La Secretaría General no está para calificar elecciones o gobiernos.

«Por lo anterior, México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia, para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para encabezar esta organización.” Crecen las voces que piden la renuncia de Almagro. Además de la sugerencia de México,el Grupo de Puebla ha pedido su renuncia y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel junto con la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y la Liga Argentina por los Derechos Humanos metieron una denuncia formal en la Oficina de la  Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Basado en múltiples estudios, los y las denunciantes señalan:

“La  Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, ha vulnerado abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y resoluciones generales de la OEA, transgrediendo el Derecho Internacional y la Soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.  Los actos de intervencionismo cometidos por la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, han tenido consecuencias nefastas en Bolivia provocando un quebrantamiento del Estado; la desestabilización de la democracia, el flagelo a la población, uso irracional del poder y el desmantelamiento de la Constitución Política del Estado, llevando a un Golpe de Estado y a la instauración de un gobierno transitorio que comete sistemáticamente delitos contra la población.” Piden una comisión pra investigar las acciones de Almagro.

A continuación, se presenta un análisis a fondo de las acciones de la Organización de los Estados Americanos bajo el mandato de Almagro, renovado hasta el 2025 en una elección extraordinaria en plena pandemia. El estudio revela un sesgo político inquietante, una disposición a manipular hechos y datos con fines políticos, y un patrón de doble rasero bajo su liderazgo. Al favorecer a gobiernos y fuerzas de derecha, mientras ataca o intenta eliminar a la izquierda en el poder, el secretario general Luis Almagro ha marcado un rumbo que ha erosionado la legitimidad de la organización regional en dos áreas críticas de las operaciones de la OEA: observación de elecciones y monitoreo de derechos humanos. Lamentablemente, Bolivia no es el único caso del uso faccioso del poder de Almagro, y lejos de aprender de la debacle de su intervención en los asuntos internos de Bolivia que ahora salta a la vista de todo el mundo, el secretario general se ha lanzado a la ofensiva contra Venezuela.

Hay que empezar diciendo que la OEA nunca ha sido un foro neutral. Desde su fundación en 1948, el gobierno de Estados Unidos siempre ha ejercido un poder mucho más allá de su voto. La contribución de cada estado miembro se basa en el tamaño relativo de su economía nacional y Estados Unidos contribuyó con el 60% (51 millones de dólares) del presupuesto operativo de la OEA de 81 millones para 2019. Como resultado, EE. UU. ha tenido históricamente un poder desproporcionado sobre la organización.

La inconformidad con la hegemonía estadunidense llevó a la organización al borde de la obsolescencia durante la primera década del milenio. Numerosos esfuerzos, encabezados por los estados miembros de América del Sur, se orientaron hacia la formación y fortalecimiento de bloques regionales alternativos sur-sur que no incluían a Estados Unidos o Canadá. En los últimos años, elecciones y en varios casos maniobras constitucionalmente dudosas llevaron al poder a gobiernos de derecha en la región. Las organizaciones regionales alternativas se debilitaron y la OEA recuperó relevancia.

Cuando el ex canciller uruguayo Luis Almagro asumió el mando de la organización en 2015 con el apoyo de muchos gobiernos de izquierda, los observadores políticos esperaban que apoyara las prioridades de los países latinoamericanos sobre las de Washington. Pero en lugar de aprender las lecciones positivas de una mayor independencia latinoamericana, Almagro hizo girar el péndulo en la dirección opuesta. Para sorpresa de casi todos, Almagro acercó aún más a la OEA a las políticas del gobierno de Estados Unidos.

Bajo Almagro, la OEA ha pasado de ser un foro multilateral fuertemente influido por Estados Unidos a ser un apoderado de los intereses estadunidenses. El secretario seneral ha apoyado constantemente la agenda corporativa y del gobierno de Estados Unidos, particularmente en la promoción de las sanciones de Estados Unidos y los intentos de cambio de régimen en Venezuela. Ha utilizado su cargo para cerrar puertas al diálogo o una solución no violenta a la crisis política en Venezuela, e incluso llegó a declarar su apoyo a la intervención militar —una medida violenta explícitamente prohibida en la Carta de la OEA. Esta estrategia ha exacerbado la crisis humanitaria y ha descartado un eventual papel como mediadora en la crisis política de Venezuela.

Cinco años después del inicio del mandato de Almagro, un análisis detenido de su comportamiento revela una serie de acciones que dan cuenta de su sesgo ideológico flagrante, más que un compromiso de construir el multilateralismo en un foro regional. Muchas de estas acciones han violado la letra y el espíritu de los principios fundacionales de la OEA, incluida la autodeterminación, la democracia, el compromiso con la resolución pacífica de conflictos y el objetivo de una acción unificada para beneficiar a las poblaciones de los 35 estados miembros. El análisis se centra en dos áreas clave del quehacer de la OEA: la observación de elecciones y el respeto a los derechos humanos.

  1. El uso tendencioso de las Misiones de Observación Electoral

La observación electoral es una de las principales actividades de la OEA. Las Misiones de Observación Electoral (MOE) de la OEA están generalmente compuestas por ex políticos y expertos electorales que se presentan como profesionales e imparciales. Sin embargo, bajo el liderazgo de Almagro, las Misiones han recibido acusaciones de los países anfitriones de parcialidad en el ejercicio de su función. Este informe analizó tres de las últimas misiones de observación electoral de la OEA que fracasaron en su deber de facilitar elecciones pacíficas y transparentes debido a una agenda política oculta. El comportamiento de estas misiones llevó a acusaciones contra la OEA y provocó, en vez de evitar, graves conflictos poselectorales. Son las elecciones presidenciales hondureñas de noviembre de 2017, las elecciones presidenciales bolivianas de octubre de 2019 y las recientes elecciones municipales de República Dominicana de febrero de 2020.

Los procesos electorales supervisados ​​por la OEA en estos países dieron lugar a protestas populares generalizadas que, en los dos primeros casos, desembocaron en el asesinato de decenas de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad estatales y provocaron violaciones masivas de derechos humanos. En los tres casos, la actuación de la OEA profundizó las divisiones y los conflictos dentro de los países anfitriones.

Las elecciones presidenciales en Bolivia 2019

Las elecciones presidenciales bolivianas del 20 de octubre de 2019 brindan el caso más extremo y trágico de partidismo de la OEA en sus funciones de monitoreo. Las acciones de la Misión Electoral de la OEA allí, encabezada por el costarricense Manuel González Sanz, derivaron directamente en una ruptura violenta del orden democrático, el exilio del presidente electo y múltiples asesinatos de manifestantes, en su mayoría indígenas.

Apenas unas horas después del cierre de las urnas y antes de que finalizara el conteo de votos, la misión de la OEA emitió un comunicado de prensa, seguido dos días después de un informe preliminar, cuestionando la ventaja de Morales de poco más del 10% de los votos —el porcentaje requerido para evitar una segunda vuelta. El informe citó una suspensión en el conteo rápido «difícil de explicar» y otras críticas al proceso. Sobre la base de las acusaciones de irregularidades y manipulación contenidas en el informe de la OEA, las fuerzas de derecha que esperaban ganar el poder obligando a Morales a una segunda vuelta, se movilizaron para derrocar al gobierno electo. Junto a algunas organizaciones sociales y fuerzas de seguridad del estado, realizaron manifestaciones y quema de edificios. Cuando las fuerzas armadas intervinieron amenazando con un golpe, Morales renunció para evitar un mayor derramamiento de sangre. Un conjunto de figuras políticas de ultraderecha tomó el poder, desatando ataques contra pueblos indígenas y simpatizantes de Morales.

Las acusaciones de “manipulación” que lanzó la OEA contra el gobierno boliviano del MAS alimentaron a la ultraderecha. Les ofrecieron una justificación, inventada y falsa, para lanzarse a las calles en violentas protestas. Desencadenaron violaciones generalizadas de derechos humanos. El presidente y el vicepresidente, junto con otros funcionarios electos de alto nivel del partido gobernante MAS, se vieron obligados a huir cuando sus casas fueron incendiadas y atacadas. Al utilizar a sus “expertos” para cuestionar los resultados de las elecciones oficiales, el informe de la OEA contribuyó a la violencia de las turbas, la caída del gobierno electo y las masacres de pueblos indígenas bajo el régimen de derecha que llegó al poder.

Cuando voces nacionales e internacionales protestaron por el golpe de estado boliviano, Almagro respondió: “Sí, hubo un golpe en Bolivia el 20 de octubre, cuando Evo Morales cometió fraude electoral”, afirmación sin fundamento que no expresó un consenso dentro de la organización, ni siquiera una lectura correcta del informe de su propia misión.

Un análisis de los informes de la OEA realizado por el Centro de Investigación en Economía y Política mostró que la misión no proporcionó pruebas de fraude y que el momento en que se presentó el informe (antes de que se conocieran los resultados oficiales) y las acusaciones infundadas que lanzó desempeñaron un papel político fundamental en la cadena de eventos posteriores. El 27 de febrero, expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts-MIT, prestigiosa universidad científica en EEUU, dedujeron en un segundo análisis independiente de los datos que “no existe evidencia estadística de fraude en los resultados de las elecciones presidenciales bolivianas”, desmintiendo el informe de la OEA que provocó el golpe.
El estudio de los analistas del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT concluyó:

“La afirmación de la OEA de que la interrupción del TREP [Transmisión de Resultados Electorales Preliminares] durante la elección boliviana produjo una rareza en la tendencia de la votación contradice los datos. Si bien hubo una interrupción en el informe de votos, la sustancia de esos votos informados posteriormente podría determinarse antes de la interrupción. Por tanto, no podemos encontrar resultados que nos lleven a la misma conclusión que la OEA. Creemos que es muy probable que Morales ganó el margen requerido de 10 puntos porcentuales para ganar en la primera ronda de las elecciones el 20 de octubre de 2019”.

Tales hallazgos provocaron un alboroto internacional. El informe de la misión de la OEA que alega «manipulación intencional» para favorecer la reelección de Morales se había convertido en la interpretación de referencia de los hechos entre la prensa y muchos gobiernos extranjeros. Decenas de manifestantes a favor de Morales murieron en el caos que se produjo después de que la Misión de la OEA cuestionara la legitimidad del proceso electoral y encendiera la secuencia de eventos que llevaron al golpe. El gobierno interino encabezado por una parlamentaria menor, Jeanine Añez, llegó al poder, apoyado por la ultraderecha fundamentalista con claros rasgos racistas y misóginos.

Tras la publicación del análisis de los expertos, la OEA escribió una carta al Washington Post, quejándose de que el estudio «no es honesto, no está basado en hechos, ni es exhaustivo». Sin embargo, Almagro y la MOE nunca presentó una refutación científica completa o razones específicas para su afirmación. Ante las dudas y el nefasto impacto, el gobierno mexicano exigió una explicación a la OEA.

También hay informes preocupantes de que la OEA siguió los dictados políticos del gobierno de Estados Unidos para precipitar el golpe boliviano. Los Angeles Times informó:

“Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, había dirigido al equipo de monitoreo de elecciones del grupo para informar sobre un fraude generalizado y presionó a la administración Trump para que apoyara la destitución de Morales. (El Departamento de Estado negó que Trujillo hubiera ejercido una influencia indebida en el informe y dijo que respetaba la autonomía de la OEA. Trujillo, a través de un vocero, rechazó una solicitud de entrevista)”.

La falta de transparencia de la OEA con respecto a la misión aumentó las sospechas. A diferencia de otras observaciones electorales, todas las cuales deben incluirse en la base de datos pública de la OEA, la misión Bolivia 2019 no apareció en absoluto. La oficina de prensa de la OEA no respondió a numerosas consultas que hicimos sobre la omisión de los datos sobre la misión boliviana, incluidos los nombres de los miembros y otra información pertinente que podría permitir indagar más sobre el papel que jugó la Misión de Observación Electoral de la OEA en la crisis política boliviana.

Cuando el gobierno golpista de Añez finalmente convocó a elecciones un año después, para el 18 de octubre de 2020, el binomio Arce-Choquehuanca del MAS ganó con un amplo margen, hasta ahora más de 54% con 90% de los votos contados oficialmente —25 puntos arriba del segundo, el expresidente Carlos Mesa. El resultado pareció comprobar la desviación de la voluntad popular orquestada por la OEA en 2019. Aumentaron los llamados para la renuncia de Almagro.

Las elecciones presidenciales de Honduras 2017

Las elecciones presidenciales de noviembre de 2017 en Honduras brindan otro ejemplo de la agenda política de derecha de la OEA. El presidente Juan Orlando Hernández, conocido por sus iniciales JOH, se postuló a pesar de la prohibición de reelección, que fue suspendida por un fallo judicial cuestionable que declaró inconstitucional el impedimento. La noche de las elecciones, miembros del tribunal electoral hondureño anunciaron que el candidato opositor, Salvador Nasralla, había establecido una ventaja “irreversible” sobre Hernández. Luego, el Tribunal Electoral cerró el conteo de votos y regresó después de 36 horas para anunciar la improbable victoria de JOH, en medio de la incredulidad masiva.

La misión de la OEA cuestionó inicialmente la reelección de Hernández y proclamó que las elecciones eran demasiado sucias para saber a ciencia cierta quién ganó. El propio Almagro llamó a convocar nuevas elecciones. La administración Trump apoyó de inmediato la posición del Tribunal y felicitó a JOH por su supuesta victoria, al tiempo que presionó a los aliados para que hicieran lo mismo. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, Almagro finalmente se retractó de su insistencia en nuevas elecciones y reconoció el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Como era de esperarse, el pueblo salió a las calles a protestar la elección robada. El gobierno hondureño reprimió brutalmente las protestas en todo el país, dejando más de 30 manifestantes de la oposición muertos. Si bien la culpa directa recae en el gobierno hondureño, la incapacidad de la OEA para asegurar o restaurar elecciones limpias y su servilismo hacia la política estadunidense, que hizo que revirtiera su posición original, contribuyó a la ruptura del estado de derecho en el país y el conflicto poselectoral. Hoy la crisis política sigue cobrando vidas y obliga a miles de hondureños a emigrar.

El Caribe: Elecciones Locales de República Dominicana 2020, de Primer Ministro de Dominica 2019

Las acciones de la OEA en las fallidas elecciones locales del 16 de febrero de 2020 en República Dominicana también generaron dudas, tanto sobre su equidad como sobre su capacidad y profesionalismo, y reforzaron los argumentos de que las MOE aplican criterios políticos en lugar de cumplir con su tarea de observar las elecciones. Antes de las elecciones dominicanas, la OEA presionó al gobierno de la isla para que cambiara las papeletas de voto a un sistema de votación automatizado. El día de la votación, ese sistema se volvió loco. Cuando la ciudadanía intentó votar, los nombres de ciertos candidatos no aparecían en las pantallas y otros problemas serios con el sistema electrónico ocurrieron en casi la mitad de los recintos. La población dominicana salió a las calles para exigir la renuncia de la Junta Electoral y convocar elecciones justas, en medio de denuncias de fraude y sabotaje.

La Junta Nacional de Elecciones suspendió las elecciones apenas unas horas después de que se abrieron las urnas, y las reprogramó para el 15 de marzo. Aunque las elecciones locales pueden parecer menores, son el precursor de las presidenciales, programadas para el 17 de mayo y realizados el 5 de julio, debido a la pandemia.

La OEA dijo que iba a estudiar el problema y meses después presentó su informe sobre el fallo total del sistema de voto automatizado que había respaldado. Echó la culpa a la Junta Electoral por “no haber contado con herramientas para detectar o prevenir la falla y no haber podido mitigarse a tiempo”. Una de las tareas principales de la MOE en la Republica Dominicana era evitar fallas técnicas, y no dio ninguna explicación de por qué ellos no detectaron los problemas antes del día de la votación.

Totalmente contrario a sus acciones en Bolivia, luego del fiasco de las elecciones dominicanas, la Misión de la OEA no emitió un informe desestabilizador alegando manipulación. Ante una falla mucho mayor en el sistema, la misión de la OEA y su secretario general no señalaron con el dedo, sino que afirmaron con prudencia que “hasta la fecha no hay evidencia que indique un uso indebido intencional de los instrumentos electrónicos diseñados para el voto automatizado”. La OEA secundó la decisión de la Junta Electoral de reprogramar las elecciones y desechar el sistema automatizado estadunidense, que le costó a la isla 80 millones de dólares entre el equipamiento y las elecciones abortadas, y anunció que permanecerá en funcionamiento durante las elecciones de marzo.

A pesar de la evidente discrepancia entre los dos casos, el comunicado de prensa de la OEA aprovechó la oportunidad para defender su misión en Bolivia, prometiendo aplicar “los mismos estándares de calidad técnica y rigor profesional que el proceso que se llevó a cabo recientemente en Bolivia”, lo que llevó a algunos dominicanos a señalar en Twitter que la comparación no era tranquilizadora. Comentaristas y dominicanos en la isla y en la diáspora han culpado en parte a la OEA por el colapso del sistema. En la ciudad de Nueva York, inmigrantes dominicanos se manifestaron frente a la sede de la OEA contra el “desastre electoral” y llamaron a respetar el voto.

Las voces manifestantes expresaron al momento su preocupación de que el colapso del sistema favoreciera al gobernante Partido de la Liberación Dominicana, al comprarle un mes más. El actual presidente Danilo Medina tiene una estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos. Fue uno de los cinco líderes caribeños que asistieron a la reunión de Trump en Mar-a-Lago el 21 de marzo de 2019 para consolidar el apoyo a las políticas de Trump para destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro y apoyar la candidatura a la reelección de Almagro, aparentemente a cambio de promesas de inversión.

Además de ser clave para las políticas estadunidenses en la región, los informes de investigación recientes indican que Donald Trump puede tener más que un interés geopolítico en la política dominicana. Un informe encubierto de diciembre de 2018 de Global Witness, un organismo de control anticorrupción, reveló que la Organización Trump está haciendo planes para un nuevo desarrollo multimillonario en la isla que parece haberse beneficiado de varias decisiones del gobierno dominicano sobre impuestos y zonificación después de las recientes visitas de Eric Trump. El grupo pidió una investigación del Congreso sobre un posible conflicto de intereses. Finalmente, el opositor del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, ganó las elecciones el 5 de julio en la primera vuelta con un 52.52 % de los votos.

Otro caso es la nación insular de Dominica que llegó a denunciar la injerencia de Almagro en sus elecciones del 6 de diciembre de 2019. El primer ministro Roosevelt Skerrit, que ha rechazado públicamente la «injerencia en los asuntos internos de cualquier país», incluida Venezuela, ganó la reelección con un amplio margen, pero pocos días antes de la votación, Almagro tuiteó su apoyo a las demandas de la oposición en medio de manifestaciones a veces violentas de las fuerzas anti-Skerrit.  La canciller de Dominica, Francine Baron, dijo en la OEA: “Nos preocupan los pronunciamientos públicos que ha hecho el secretario general, que muestran parcialidad, desprecio por los gobiernos de los estados miembros y cuestionan su rol y el rol de la organización como un actor honesto”. El primer ministro Skerrit criticó duramente al organismo regional:

“El mantra de la OEA sobre elecciones libres y justas se ha convertido en una justificación formal para socavar la democracia y derrocar a gobiernos que no se conforman para dar paso a partidos políticos respaldados por Estados Unidos”.
Aunque sus naciones están divididas, el liderazgo del grupo regional, la Comunidad del Caribe, o CARICOM, ha condenado el apoyo activo de Almagro a los intentos de Estados Unidos de derrocar a Maduro. El 31 de enero de 2019, tras el reconocimiento público por parte de Almagro de Juan Guaidó como presidente interino, el grupo envió una carta en la que decía “Usted no puede hablar en nombre de todos los Estados miembros de la OEA”. Los jefes de estado se refirieron a la declaración del secretario general como una «clara desviación de la práctica normal y motivo de gran preocupación».

Las naciones de la CARICOM también han roto con Almagro en otros temas. Después del golpe de estado en Bolivia, presentaron una resolución exitosa para rechazar la violencia y apoyar los derechos indígenas en Bolivia luego de las masacres llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad bajo el gobierno golpista de Jeanine Añez. También se opusieron a la reelección de Almagro.

La rebelión caribeña provocó una respuesta enérgica de la administración Trump en defensa de su representante, Almagro. En enero de 2020, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó la región y se reunió con un grupo de líderes caribeños, cuidadosamente seleccionados, para discutir la cooperación y concretar el apoyo a la política de Estados Unidos hacia Venezuela, y a la reelección de Almagro. La presidenta de CARICOM y Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, denunció el papel del secretario de Estado de fomentar división y crear grupos solo de líderes afines a los intereses políticos del gobierno estadunidense. Denunció la reunión y llamó a las islas a no permitir que Pompeo abriera brechas entre las naciones caribeñas. Su posición fue secundada por Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, quien protestó por los esfuerzos de Estados Unidos para excluir a las naciones que no estaban de acuerdo con las opiniones de Trump y Almagro.

Hablando en México en agosto de 2019, el secretario general de la OEA afirmó que si el público no confía en los resultados de sus elecciones, afecta gravemente la calidad de una democracia. Sin embargo, su papel partidista y las acciones sesgadas y deshonestas de las misiones de observación electoral de la OEA han socavado gravemente la democracia en la región y perturbado elecciones clave. La región enfrenta grandes desafíos en el futuro cercano: el referéndum chileno y elecciones presidenciales de 2021 en Nicaragua, Perú y Ecuador. Estas elecciones podrían resolver o avivar las crisis políticas en estos países.

La observación electoral imparcial y experta puede inspirar confianza en el proceso electoral, exponer prácticas corruptas y antidemocráticas y evitar conflictos poselectorales. La región necesita urgentemente un liderazgo en la OEA que esté dispuesto y sea capaz de desempeñar este papel de manera profesional, y no actuar a favor de intereses y poderes ocultos y una agenda ideológica personal. El representante de México lo dijo claramente en la Asamblea General del 20 de octubre:

“A México le preocupa también la tendencia reciente de extralimitar el carácter técnico de las Misiones de Observación Electoral. Enfatizamos que el actuar de las MOEs debe ser de naturaleza imparcial, limitada a un acompañamiento logístico e institucional y que se conduzcan bajo los principios de racionalidad, transparencia, austeridad y rendición de cuentas”.

Siguió:

“Mi país denuncia el afán del Secretario General de intervenir en los asuntos internos de nuestros Estados y de lastimar nuestras democracias. Lo que ocurrió en Bolivia no debe repetirse jamás”.

II. Derechos humanos para algunos, ojos ciegos para otros

El sesgo abierto de Almagro no solo ha erosionado el papel de la Organización como árbitro electoral, sino que también se ha aplicado un doble rasero politizado a los derechos humanos. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una parte relativamente autónoma de la OEA, autorizada para organizar delegaciones por invitación de los estados miembros, el liderazgo de la OEA juega un papel muy importante en las prioridades, el financiamiento y el liderazgo de la Comisión.

En agosto, Almagro anunció que no renovará el mandato de Paulo Abrão, un reconocido jurista brasileño, como secretario ejecutivo de la CIDH, violando las prácticas establecidas y las reglas de la misma institución. Su decisión provocó una avalancha de críticas por la intromisión del secretario general en la Comisión, lo que la misma calificó como “un grave embate contra su autonomía e independencia”.

La Alta Comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet alertó en un Tweet el 27 de agosto de 2020:

“Esta es una situación muy perjudicial que corre el riesgo de minar la independencia y la probada eficacia de la CIDH… esto no debería tratarse de una cuestión de reputación personal, ni de lealtades políticas, ni de pérdida de prestigio. Esto debe ser sobre como trabajar para proteger los derechos humanos de cientos de millones de personas en todas las Américas en un momento de crisis masiva”.

Bachelet hacia referencia a la justificación que ofreció Almagro para su decisión, de que existieran 61 denuncias, no procesadas, en contra de Abrão. Es pertinente recordar que existen denuncias contra la gestión de Almagro en la OEA, muchas de ellas archivadas o “resueltas” por el mismo secretario general. En el anuncio de la apertura de proceso de selección de su nuevo secretario ejecutivo, la Comisión señaló el 20 de septiembre de este año:

“[L]a Comisión Interamericana expresa su profundo rechazo a la decisión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro quien, al haber negado esta renovación contractual quebranta una práctica establecida por más de 20 años de respeto a la decisión de la CIDH de nombrar a su Secretario Ejecutivo y dificulta la obtención de verdad, justicia y reparación a las personas que se han sentido afectadas en sus derechos laborales. Asimismo, esta decisión del Secretario General desconoce el debido proceso del señor Paulo Abrão pues claramente el artículo 13.5.3 de la referida Política señala que  ‘…el  hecho de que un miembro o no miembro del personal esté bajo investigación no deberá utilizarse en contra de ninguna persona al considerar, por ejemplo, la renovación de un contrato’.”

Para Almagro es importante tener control de la CIDH para promover su agenda ideológica. Las declaraciones del secretario general sobre los derechos humanos siguen un patrón de sesgo político, evidente en la manera en que decide qué gobiernos son objeto de denuncias y presionados para adoptar reformas, qué medidas se toman, y cuáles reciben luz verde a pesar de sus graves violaciones de derechos humanos. En particular, si bien las presuntas violaciones de derechos humanos contra venezolanos son atendidas casi a diario, los gobiernos de derecha aliados con el gobierno de los Estados Unidos han cometido graves violaciones de derechos humanos con poco o ningún seguimiento de la OEA.

Estos incluyen aliados clave de la administración Trump y de Almagro: Colombia —que patrocinó la candidatura a reelección de Almagro—, Chile, Honduras y Haití. Estos cuatro países han sido los más destacados en las noticias últimamente debido a ciclos casi constantes de protesta y represión violenta, pero la estrategia bifurcada de la Secretaría General de la OEA de resaltar las violaciones de derechos humanos para aislar a los enemigos ideológicos, e ignorarlas cuando las cometen amigos, también existe con otros gobiernos.

Chile: El gobierno chileno de Sebastián Piñera respondió a las manifestaciones masivas contra un alza en la tarifa del metro y, en general, las privatizaciones, el costo de vida y la desigualdad que se inició el 18 de octubre de 2018, reprimiendo las movilizaciones. Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde que comenzaron las protestas, la represión estatal ha dejado a 30 personas asesinadas, en su mayoría jóvenes, 460 manifestantes o transeúntes han recibido disparos en el ojo y 34 han sufrido pérdida permanente de la vista o pérdida total de un ojo, se han registrado 2,499 denuncias contra las fuerzas de seguridad, entre ellas 195 quejas por violencia sexual y 951 por tortura. Los servicios de salud reportaron 3,765 heridos, con 2,122 hospitalizados luego de ser alcanzados por balas de goma u otros proyectiles del gobierno. Estos son solo los casos que expertos y organismos públicos han podido documentar.

Muchas de estas cifras están incluidas en el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sin embargo, cuando Almagro visitó Chile en enero de 2020, el mismo mes en que salió el informe de la CIDH, el secretario general de la OEA felicitó a Piñera por la respuesta de su gobierno a las protestas, diciendo: “en el marco del estado de derecho, preservación de la democracia, [su gobierno] ha defendido eficazmente el orden público, al mismo tiempo que ha tomado medidas especiales para garantizar los derechos humanos”. Añadió: “Las circunstancias que debían afrontarse se afrontaron de la mejor forma posible”.

Sus declaraciones contradecían directamente las conclusiones de la comisión de derechos humanos de la OEA, que informó: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su condena al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones… insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia los referidos hechos de violencia, identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía”. Citó el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno, la criminalización de los manifestantes y el uso de la violencia contra grupos como mujeres, LGBTQ, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y jóvenes.

Las organizaciones nacionales han criticado a Piñera por su intento de socavar la legitimidad de las demandas de los manifestantes al afirmar que son instigados por «injerencia extranjera», en particular «cubanos y venezolanos». Almagro y Trump han hecho la misma acusación infundada en varias ocasiones y en la misma línea ideológica, al tiempo que descartan el carácter popular de las protestas chilenas e ignoran los derechos de las víctimas. Mientras el gobierno chileno atacaba a la juventud chilena en las calles, el primer pronunciamiento de la Secretaría General, emitido el 27 de octubre de 2019, se lee como un credo de la Guerra Fría:

“Los vientos bolivarianos de Simón Bolívar trajeron libertad e independencia a nuestros pueblos; las brisas del régimen bolivariano impulsadas por el madurismo y el régimen cubano traen violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales. Los intentos que hemos visto documentados en Ecuador y Colombia, vemos el mismo patrón repetido en Chile hoy. La polarización, el odio, la violencia, las malas prácticas, las políticas de violación sistemática de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, con que las dictaduras impregnaron a nuestros sistemas políticos deben ser erradicadas y aisladas, vengan de donde vengan. Por tanto, es fundamental cerrar las fuentes de violencia que tienen su origen en esfuerzos externos e internos de desestabilización institucional”.

Funcionarios del gobierno chileno han admitido que no tienen evidencia de instigación extranjera a las protestas que han movilizado multitudes de más de 1.5 millones en Santiago, y cientos de comentarios en los medios y redes sociales han criticado a Piñera por hacer acusaciones infundadas. Aunque la CIDH continúa monitoreando los abusos de derechos humanos en Chile, Almagro y Trump continúan denunciando la influencia extranjera y Almagro ha dado un apoyo irrestricto a la administración Piñera a pesar del creciente número de víctimas. De igual manera, a pesar de que la CIDH ha abierto una investigación a las múltiples violaciones del Pueblo Mapuche, el secretario general ha brillado por su ausencia en el tema.

Colombia: En el conjunto de estados que apoyan la agenda Almagro-Trump en la OEA, el gobierno de Iván Duque también ha sido objeto de un intenso escrutinio internacional por violaciones a los derechos humanos, incluido el asesinato de más de 500 líderes de base desde que se aprobó el acuerdo de paz, firmado en 2016, según la Defensoría del Pueblo de la Nación, y según Indepaz, 238 solo en lo que va de 2020. La ONU ha comprobado 42 masacres habidas este año. La OEA en gran medida ha mirado hacia otro lado.

En medio de las críticas a su historial de derechos humanos, Duque envió una carta el 27 de junio de 2019 pidiendo apoyo para Almagro, expresando que “mi gobierno está convencido de que la reelección de Almagro es indispensable para seguir avanzando en la agenda regional de la democracia y derechos humanos”. La carta advirtió que “cualquier alternativa significa una desviación de la agenda de principios que se ha construido y requiere consolidarse”, incluso antes de que se anunciaran otras candidaturas. El entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, respondió a la carta señalando que tenía importantes diferencias en su evaluación de las acciones de Almagro, y que los estados miembros de la OEA deberían tener la oportunidad de proponer otros candidatos.

Pocos días antes de que Duque enviara la carta solicitando apoyo para la reelección de Almagro, éste emitió una declaración oficial de la OEA en la que afirmaba que «El gobierno del Presidente Duque ha hecho todo por mantener la paz, por profundizar la paz con justicia y al mismo tiempo erradicar las plantaciones y combatir el narcotráfico». El elogio a Duque provocó indignación entre muchos colombianos. Integrantes de la organización “Defendamos la Paz” que participaron en el proceso de paz escribieron una carta fechada el 26 de junio de 2019 en vísperas de la XLIX Asamblea de la OEA, expresando que la declaración de Almagro,

“…no solo porque en torno a las valoraciones que hace sobre el proceso de paz desconoce y contradice la realidad fáctica de lo que acontece en nuestro país, sino, además, porque tampoco concuerda con las declaraciones e informes de órganos e instancias de la OEA como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, elaborado sobre el desarrollo de la implementación del Acuerdo final para poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera”.

De hecho, el informe de enero de 2019 de la CIDH señala el “alarmante tema de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, afirmando que la situación ha empeorado bajo el gobierno de Duque. El partido FARC ha registrado el asesinato de más de 182 excombatientes de las FARC. El partido anunció el 29 de enero que presentará el caso tanto ante la CIDH como ante la ONU. El informe de la CIDH concluye con la necesidad de medidas de protección e insta al gobierno colombiano a intensificar los esfuerzos para instrumentar el acuerdo de paz, que el gobierno de Duque ha sido ampliamente acusado de socavar. Indepaz, un think tank independiente, documenta que 971 líderes y personas defensoras han sido asesinados desde la firma de la paz en 2016 hasta 15 de julio de 2020.

Dos jefes de estado más parecen estar involucrados en un intercambio que trata de apoyar la agenda de Estados Unidos y Almagro, para no tener que enfrentar denuncias relacionadas con las graves violaciones de derechos humanos en sus países —Honduras y Haití.

Haití: este país no ha podido realizar elecciones para restaurar la democracia, los tribunales están cerrados y la población se ha movilizado para protestar contra las acciones cada vez más despóticas del presidente Jovenel Moise. Un informe de la CIDH de enero de 2020 llama al diálogo político y al fortalecimiento de las instituciones y al equilibrio de poderes.

Luego de que en febrero las protestas policiales trajeron otra ola de revuelo, el secretario general de la OEA publicó un tuit condenando la violencia, pero al mismo tiempo respaldando a Moise: “… la violencia no es aceptable en ninguna forma y, sobre todo, no es aceptable con la intención de un cambio violento en el régimen democrático establecido”. Mientras tanto, la crisis bajo Moise está en un punto de ruptura. La Oficina Integrada de la ONU para Haití informó en febrero —antes de la pandemia— que 4.6 millones de haitianos necesitaban asistencia humanitaria inmediata. La ONU publicó esta declaración de la organización sin fines de lucro Fondasyon Je Klere sobre la falta de estado de derecho y la violencia gubernamental: “Hemos sido testigos de odiosos asesinatos, decapitaciones, violaciones, robos, malversación y desvío de suministros, secuestros y secuestros … Hay escuadrones de la muerte, y esa es una forma de terrorismo de estado».

El secretario general de la OEA ha ejercido poca presión sobre el régimen haitiano para que responda a las demandas populares en, nuevamente, lo que parece ser un intercambio de favores. Ronald Sanders, el embajador de Antigua y Barbuda ante la OEA, señaló el «silencio ensordecedor» de Almagro sobre la crisis en Haití, escribiendo en un artículo de opinión el 2 de marzo:

“Lamentablemente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien no ha necesitado ser llamado a condenar a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua por violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos, no ha considerado adecuado señalar la preocupante situación en Haití a la atención de el Consejo Permanente de la OEA”.

Haití ilustra la política de división de la OEA en el Caribe. Siguiendo la estrategia Almagro-Trump, Moise rompió con una historia de relaciones haitianas con Venezuela y con la mayor parte del grupo CARICOM al unirse al derechista Grupo de Lima que Almagro ayudó a organizar para presionar por la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro. El régimen haitiano reconoció a Guaidó, lo que provocó protestas en Haití, mientras que otros países del Caribe han insistido en la no intervención en los asuntos internos de Venezuela. El presidente de Haití fue uno de los cinco líderes caribeños que apoyan la reelección de Almagro y se reunió con el presidente Trump en Mar-a-Lago el 21 de marzo del año pasado.

El gobernante haitiano se ha puesto públicamente del lado de los Estados Unidos y el Secretario General de la OEA en los temas divisivos de Venezuela y Almagro. Justo cuando Moise entró en un segundo año como «gobierno interino», gobernando sin mandato democrático, su canciller Bocchit Edmond publicó un artículo de opinión expresando el apoyo de su gobierno a la reelección de Almagro y pidiendo «unidad» en CARICOM. A medida que la crisis haitiana se profundiza, queda por ver con qué firmeza el secretario general de la OEA defenderá la democracia y los derechos humanos allí, en contra de los intereses de uno de sus partidarios más proactivos.

Honduras: La administración hondureña de Juan Orlando Hernández ha acumulado una serie de informes de violaciones de derechos humanos y acusaciones de corrupción desde que asumió el cargo, y especialmente desde las controvertidas elecciones de 2017. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el asesinato de 22 personas durante las protestas posteriores a las elecciones, y el Comité de Familias de Desaparecidos Forzados en Honduras (COFADEH) documentó 30 en un solo mes entre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017.

El informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señala que ha habido poco o ningún progreso en el enjuiciamiento de las fuerzas de seguridad responsables de los crímenes. También documenta violaciones continuas en todas las áreas de revisión. JOH y su partido han aprobado una serie de “pactos de impunidad” que limitan la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales en medio de numerosas revelaciones de corrupción y abuso de poder. El propio presidente ha sido implicado en tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York, donde fue condenado su hermano hace un año.

La OEA creó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2016. Este año, a pesar de la recomendación de extender el período de la MACCIH, la organización acordó con el gobierno hondureño dar por terminada la misión, debido a las limitaciones en la investigación y enjuiciamiento de funcionarios públicos colocados por el gobierno hondureño.

La Secretaría General de la OEA emitió un comunicado formal en el que expresaba con brevedad: “Lamentablemente, no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la Misión, razón por la cual la MACCIH finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020”, además señalando que el gobierno hondureño ya no brindaba la cooperación necesaria con la fiscalía.

Juan Jiménez, ex portavoz de la MACCIH en el país, afirmó que la terminación del trabajo de la misión se debió a negociaciones fallidas entre el secretario general y la administración de Hernández. Insinuó, al igual que otros observadores, que las partes acordaron una salida discreta de la misión anticorrupción a cambio del apoyo de la JOH a la reelección de Almagro. Jiménez publicó en Twitter:

“Cierre de la MACCIH tendrá nefastas consecuencias. La incapacidad de la SG de la OEA en opacas negociaciones no se salva con un tibio comunicado. Lo que está en juego aquí no es Honduras sino el voto para la SG de la OEA el próximo 20 de marzo. No se puede ser tan malo negociando”.

La terminación de la comisión anticorrupción se produce justo después de que el hermano del presidente fuera declarado culpable de tráfico de drogas y otros cargos en Estados Unidos, en un caso que nombró al presidente como cómplice y receptor de los fondos ilícitos. A pesar de la amplia evidencia de irregularidades, el gobierno de Estados Unidos no se da por enterado cuando se trata de violaciones de derechos humanos en Honduras, desde que facilitó el golpe de estado que derrocó al presidente electo constitucionalmente Manuel Zelaya, en 2009 y se instaló un régimen de derecha. Desde entonces, el gobierno hondureño ha sido un firme aliado de la política estadunidense en la región, como se demostró más recientemente con la firma de un acuerdo de “Tercer País Seguro” para impedir que los refugiados se desplacen a través de Honduras hacia los Estados Unidos.

Al igual que con los efectos corrosivos de condicionar la defensa de la democracia a creencias ideológicas, la práctica de la OEA de denunciar selectivamente las violaciones de derechos humanos, hacen que pierda credibilidad y eficacia. También crea una situación peligrosa para los defensores de derechos humanos en los países donde trabajan, ya que quedan más expuestos, más fácilmente criminalizados y atacados, y menos reconocido por la sociedad el trabajo valiente y crítico que realizan. El creciente número de asesinatos de defensores de derechos humanos atestigua la crisis en la región: de los 300 defensores asesinados en todo el mundo en 2019, dos tercios de ellos ocurrieron en la región de las Américas.

La necesidad de un nuevo liderazgo

El resurgimiento de una mentalidad de Guerra Fría en la OEA bajo el mandato de Almagro produce graves amenazas, derivadas de sus acciones que se detallan anteriormente, pero también de su inacción. Con su obsesión con el objetivo estadunidense de cambio de régimen en Venezuela, la pandemia, el cambio climático, la acción coordinada contra las actividades ilícitas de las organizaciones criminales trasnacionales, la migración y los derechos de los refugiados, y las catástrofes ambientales como la pérdida de la selva amazónica y la sequía hondureña, prácticamente se han salido de la agenda. La OEA no ha presentado soluciones integrales para la codicia criminal de gobiernos corruptos, la desigualdad o la violencia y discriminación contra las mujeres.

Todo esto ha preocupado a muchas naciones. Argentina no apoyó a Almagro para su reelección y cuando la representante de México en la OEA, Luz Elena Baños, anunció que México tampoco apoyaría esa candidatura, afirmó que el secretario general se excedió en sus facultades al obligar a la organización a «reconocer o no reconocer gobiernos» y permitir que «un representante del presidente de la Asamblea tenga embajador», en referencia a la presencia inédita de un partidario de Guaidó en el Consejo Permanente. Almagro ganó la votación con el apoyo de 23 países.

El hemisferio occidental se ha convertido de nuevo en un campo de batalla geopolítico. Durante décadas, la región ha establecido agendas globales y reflejado tendencias geopolíticas, aunque no suele captar los titulares internacionales. Miles de personas marchan en protesta en Chile, Colombia, Honduras, Haití y Ecuador, exigiendo cambios profundos en sus sistemas políticos y económicos. Bolivia vivió un año de represión y corrupción bajo un gobierno fundamentalista ilegítimo antes de lograr un retorno a la vía democrática. Los escándalos de corrupción han sacudido a Perú y Guatemala. México y Argentina tienen nuevos gobiernos populares de izquierda, y Brasil tiene un presidente de ultraderecha que se enorgullece de llamarse «el Trump del Trópico». Mientras tanto, el poder hegemónico, Estados Unidos, enfrenta en pocos días una elección entre un capitalista autocrático que lleva una agenda de supremacía blanca, y un demócrata centrista que ofrece las mismas fórmulas de cuando era vicepresidente pero mucho menos autoritario y derechista.

El posible escenario de otros cinco años de Almagro como secretario general presenta serias dificultades, independientemente de cómo vayan las elecciones estadunidenses. Si Donald Trump gana la reelección, su agenda de «Estados Unidos primero» y su instrumentalización, si no abandono, de las organizaciones multilaterales, representan amenazas graves a la misión de la OEA y la autodeterminación regional. Su gobierno promueve los intereses corporativos y el «control fronterizo», y busca explícitamente un retorno de la Doctrina Monroe. El comportamiento agresivo de Estados Unidos, apoyado por el secretario general, podría polarizar aún más a la región y a la OEA.

Si gana Biden, Almagro estará aislado en su cruzada derechista en la región y la organización regional se verá cargada con un líder anacrónico de la Guerra Fría, carente de sincronía con las nuevas aspiraciones y posibilidades.

De cualquier manera, el historial de Almagro como líder de la OEA es motivo de grave preocupación. Los crecientes llamados a que renuncie tras la debacle de su intervención en Bolivia tienen mucho de razón. La imposición agresiva de sus objetivos ideológicos personales ha provocado divisiones, conflictos e incluso derramamiento de sangre.

La Organización de los Estados Americanos debe restaurar su reputación como un espacio donde los gobiernos soberanos resuelvan los problemas más urgentes de la región y construyan un futuro seguro y próspero. Para lograrlo, necesita urgentemente un cambio de liderazgo.