La corta vida de Sergio Hernández Guereca giró en torno a la frontera México-Estados Unidos, que finalmente lo condujo a la muerte. El 7 de junio, aproximadamente a las 6:30 p.m., un agente de la Patrulla Fronteriza de E.U. disparó a la cara de Hernández, de 15 años de edad, estando él en territorio mexicano, entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Tejas.
Casi ninguno de los hechos se presta a discusión. Un video grabado con un teléfono celular que salió al aire en Univisión muestra a cuatro personas que cruzan el lecho seco del Río Bravo rumbo a territorio estadunidense: Cuando una de ellas es capturada por un agente de la Patrulla Fronteriza, los demás echan a correr hacia el lado mexicano. El agente fronterizo abre fuego hacia el otro lado de la frontera.
Sergio cayó muerto bajo un puente. La autopsia del medico forense de Chihuahua reveló que murió de una herida de bala en la cabeza. Los testigos declararon que los muchachos lanzaron piedras a los agentes, y que el agente de la Patrulla Fronteriza respondió de inmediato con tres tiros directos por lo menos.
La defensividad inicial de E.U.
Las reacciones de ambos lados no se hicieron esperar. El gobierno de E.U. respondió a la defensiva aun antes de conocerse los hechos. Una declaración de la FBI publicada el 8 de junio con el título “Se Investiga Asalto a Funcionario Federal” anunció una investigación del “asalto”, aunque no había informes de herida alguna sufrida por los agentes estadunidenses. La declaración afirma que los agentes respondieron a “un grupo de individuos sospechosos de ser indocumentados, que estaban siendo internados a Estados Unidos desde México”. Dice más adelante que los “individuos rodearon al agente” –un argumento cuya verdad el video no demuestra de ninguna forma.
De manera casi inconexa, la declaración agrega en su tercer párrafo: “El agente disparó entonces varias veces su arma de servicio, alcanzando a un sujeto que más tarde murió.”
En entrevista con CNN, la Agente Especial de la FBI Andrea Simmons comentó que desconocía la política de la Patrulla Fronteriza sobre el uso de fuerza mortal, que en todo caso no incumbía a la FBI. Descartó la relevancia del asesinato del muchacho diciendo: “Esta no es una investigación de derechos civiles.” Luego Simmons llegó al extremo de derivar una situación puramente hipotética en la que los inmigrantes “serían capaces de someterlo (al agente) y tomar su arma y dispararle”, situación que no era ni remotamente el caso.
Al día siguiente, a una pregunta, el Departamento de Estado respondió solamente que “un agente descargó su arma matando a uno de los sospechosos” y afirmó que la única investigación ordenada era la del asalto al agente federal. Hasta la fecha el gobierno estadunidense se ha rehusado a identificar al agente, diciendo que se encuentra en permiso con goce de salario.
Pero al acrecentarse la ira en México por el último tiroteo fronterizo, la administración Obama se dio cuenta de que tenía una “situación” entre manos y que las justificaciones de la FBI y la Patrulla Fronteriza sobre la muerte del muchacho no serían creídas ni aceptadas. El vocero del Consejo Nacional de Seguridad Mike Hammer emitió la promesa de una “investigación minuciosa” afirmando que “el gobierno estadunidense toma estos incidentes con gran seriedad”; al mismo tiempo, rindió homenaje al servicio de los “hombres y mujeres que protegen nuestra frontera”; no ofreció condolencias a México ni a la familia del muchacho.
El Procurador General Eric Holder calificó la muerte de “extremadamente lamentable”, y ordenó una investigación completa del caso Hernández Guereca junto con la de un caso similar de un ciudadano mexicano asesinado por agentes de la Patrulla Fronteriza apenas una semana antes. Anastasio Hernández Rojas murió el 28 de mayo después de una golpiza e impactos de arma taser por agentes de la Patrulla Fronteriza en el cruce fronterizo de San Ysidro, cerca de San Diego. El médico forense del Condado de San Diego dictaminó su muerte como homicidio.
Como lo reporta la Agencia AP, si los investigadores encuentran que el agente de la Patrulla Fronteriza disparó a Hernández Guereca sin justificación, podría determinarse que violó los derechos civiles de Hernández, lo que constituye un crimen. La suerte del agente podría variar desde la exoneración total hasta la acusación de homicidio.
Indignación desde México
El representate demócrata por Tejas Silvestre Reyes declaró que el incidente mortal del lunes no afectaría las relaciones entre Estados Unidos y México, pero pronto se demostró cuán equivocado estaba.
El Gobierno mexicano presentó una nota diplomática de protesta, y reportes de la muerte llenaron los medios de comunicación durante días. Se atacó al presidente Felipe Calderón por volar a la Copa Mundial después del tiroteo y en medio de la peor violencia relacionada con drogas de que se tenga registro en el país. No obstante, el presidente hizo una declaración expresando grave preocupación porque Sergio Adrián Hernández era menor de edad, y fue muerto por arma de fuego estando en territorio mexicano, en Ciudad Juárez”. También relacionó el incidente con un “aumento de la violencia contra los mexicanos, que también está asociada al alza reciente de expresiones antiinmigrantes y antimexicanas en los Estados Unidos”, aludiendo a la ley de Arizona 1070 a la cuál criticó abiertamente en su última visita a Washington.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijo que “condena enérgicamente el tiroteo y exige “una investigación expedita y transparente de los hechos y, en su caso, castigo a los culpables.” La Secretaría continuó: “México es consciente de los riesgos existentes en la región, pero de acuerdo con las normas internacionales debe usarse fuerza letal únicamente cuando estén en peligro las vidas de personas, y no como medida disuasiva.”
Las autoridades del estado de Chihuahua tomaron inicialmente el caso, pero la Procuraduría General de la República pronto decidió dirigir la investigación. El Procurador General Fernando Gomez Mont indicó a la Secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano que el uso injustificado de la fuerza contra nuestra población es inaceptable para el gobierno mexicano. Algunas autoridades mexicanas han solicitado la extradición del agente de la Patrulla Fronteriza.
El 11 de junio, el jefe de la delegación mexicana al 49º. Grupo Interparlamentario Estados Unidos-México inició la sesión dirigiéndose a sus pares estadunidenses: El pueblo mexicano está terriblemente ofendido por estos hechos y sé que ustedes también están ofendidos y agraviados por la muerte de los dos mexicanos”. La delegación de E.U. expresó “sus profundas condolencias” por las muertes, pero el ambiente era tenso. Los legisladores dedicaron un minuto de silencio a ambas víctimas.
Grupos de derechos humanos en la Frontera e internacionales se han sumado a las exigencias de una investigación plena y del proceso de los homicidas. Amnistía Internacional, con sede en Londres, declaró:, “Este tiro a través de la frontera parece haber sido una respuesta totalmente desproporcionada y contraría abiertamente las normas internacionales que obligan a la policía a utilizar armas de fuego sólo como último recurso, en respuesta a una amenaza mortal e inmediata que no pueda controlarse a través de medidas menores.”
¿Defensa sólida como una roca?
Bajo investigación por dos homicidios en otras tantas semanas, la defensa de la Patrulla Fronteriza consiste en argumentar el carácter mortal de las piedras. T.J. Bonner, presidente del sindicato que los representa, aseveró que a los agentes de la Patrulla Fronteriza a menudo les lanzan piedras o rocas capaces de causarles heridas de gravedad.
Es un encuentro con fuerza mortal que justifica el empleo de fuerza mortal”, declaró Bonner. El representante Reyes, ex jefe de la Patrulla Fronteriza y promotor de la militarización de la frontera, afirma que él acostumbraba tener una piedra sobre su escritorio para ejemplificar el riesgo que implican los “apedreamientos”.
Pero cuando se trata de muertes y heridas en la vida real, las estadísticas demuestran –como en los días de la Conquista Española—que aventar piedras simplemente no puede competir con el poder de las armas de fuego. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana afirma que el número de mexicanos muertos o heridos por las autoridades de inmigración estadunidenses subió de cinco en 2008, a 12 en 2009, y a 17 tan sólo en la primera mitad de 2010. Una investigación reciente de AP probó que la de la Patrulla Fronteriza es una de las asignaciones más seguras en Estados Unidos: únicamente tres por ciento de agentes de la Patrulla Fronteriza fueron atacados el año pasado, la más de las veces con piedras, en comparación con el 11 por ciento de policías y ayudantes de comisario, atacados en su mayor parte con pistolas y cuchillos.
Por lo que se sabe no existe ningún protocolo para el empleo de la fuerza en la frontera, y los agentes no reciben instrucciones claras. Empero de acuerdo con el vocero de la Patrulla Fronteriza Ramiro Cordero, “A cada agente se le entrega una pistola calibre .40, y disponemos de una serie de armas largas entre rifles y ametralladoras, y además tenemos pimienta en aerosol y armas tasers.”
Las declaraciones sobre las instrucciones que se dan a los agentes a la luz de las dos muertes son tan vagas como desconcertantes. Randy Hill, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso “instruyó a sus agentes que ejercieran un autocontrol apropiado sin comprometer su propia seguridad o la seguridad nacional para evitar otro incidente”, dice una declaración emitida por el alcalde de El Paso John Cook. Si esto es todo lo que indica el protocolo, las posibilidades de evitar otro incidente no parecen muchas.
Estados Unidos y México deben desarrollar compromisos específicos sobre el uso de la fuerza. La impunidad por los asesinatos brutales y sin sentido de ciudadanos mexicanos sería la peor señal posible que el gobierno de E.U. pueda enviar a México y al mundo.
¿Cuál jurisdicción?
El gobierno estadunidense afirma que quien mató estaba en el lado de Estados Unidos –una afirmación que nadie controvierte. Pero la bala se internó en México para encontrar su blanco. Expertos juristas dicen que de acuerdo a la ley interna de E.U., México, donde fue alcanzada la víctima, tenía jurisdicción sobre el incidente, pero México no está pidiendo la extradición. El caso podría turnarse a la Corte Internacional de Justicia, pero desde 1986 el gobierno de E.U. no reconoce jurisdicciones obligatorias, de modo que simplemente podría optar por que no haya ningún juicio.
“Existen serias implicaciones en derecho internacional cuando se abre fuego a través de límites o fronteras sin importar la provocación”, escribe la legista tejana Ouisa Davis en El Paso Times. “Estas consideraciones se complican cuando el lanzamiento de piedras desde México se combate con fuerza mortal desde el lado estadunidense. Nos enfrentamos a una situación donde el choque entre las políticas de aplicación de la ley y el habitar una frontera común han creado un resultado contencioso y violento –la pérdida de vida humana- que plantea interrogantes relevantes para todos los habitantes de la frontera.”
La familia del joven muerto ha jurado entablar una demanda civil; pero si los engranajes de la justicia no giran dentro del sistema estadunidense, la madre de Sergio, María Guadalupe Guereca, probablemente tenga razón: “Que Dios los perdone, porque sé que no pasará nada”, declaró a la agencia Associated Press.
Los homicidios de Sergio Hernández y Anastasio Hernández Rojas deben ser investigados y sus culpables procesados como una señal clara de que cruzar la frontera sin documentos no es un crimen que merezca la pena capital en este país, y tampoco cancela los derechos humanos universales y la ley contra el homicidio.
Las políticas anti inmigrantes
Las políticas no sólo reflejan la opinión pública sino que la crean. El presidente Obama ha decidido gastar otros 500 millones de dólares en seguridad fronteriza. El mensaje de esta política, que no guarda relación con la evidencia, es que nuestra frontera con México es una de las zonas más inseguras del país, y el subtexto es que los inmigrantes indocumentados son la causa.
Pocos se han molestado en exponer los componentes de esta falsa narrativa, y muchos se han esforzado por reforzarla. Se dice que el plan fronterizo de Obama encauza fondos hacia la reducción del trasiego de drogas y armas. El 26 de mayo, dos días antes de que Anastasio muriera por electrocución, México emitió un comunicado para constatar su preocupación de que los 1,200 elementos adicionales de la Guardia Nacional y la intensificación de otras medidas de seguridad tuvieran como objetivo a los inmigrantes:
“México confía en que el personal de la Guardia Nacional fortalecerán las operaciones para combatir la delincuencia organizada trasnacional que existe a ambos lados de la frontera y… no realice acciones directamente conectadas con la aplicación de leyes migratorias”, declaró la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa. El vocero del Departamento de Estado P.J. Crowley se sintió obligado a replicar al día siguiente que la fortificación de la frontera “no tiene que ver con la inmigración”, y reiteró el compromiso con la reforma migratoria.
Pese a las intenciones declaradas, las cosas tienden a verse diferentes desde el terreno. Estudios recientes de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley y otras demuestran que, simultáneamente con la fortificación fronteriza, los procesos penales por drogas se redujeron en 20 por ciento de 2003 a 2008 y los procesos penales por inmigración -principalmente por internamientos de primera vez—constituyeron más de la mitad de los procesos federales. Concluye el Immigration Policy Center (Centro de Políticas sobre Inmigración): “Es importante desenredar el papel de la inmigración de estos graves delitos, no sólo porque nuestros recursos son limitados, sino porque confundir los temas facilita que ninguno de ambos conjuntos de problemas puedan resolverse.”
Las crecientes criminalización y deshumanización de los inmigrantes indocumentados mexicanos han cultivado un limbo legal donde los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida misma, quedan atrapados en preocupaciones de seguridad nacional deficientemente definidas. Han promovido un ambiente político en donde fuerzas de seguridad y bandas de particulares que se erigen como policías alegan abiertamente que los ataques fatales a ciudadanos de otros países en un contexto no bélico se justifican sencillamente porque éstos últimos no tenían una visa. Este ejercicio del poder carente de respeto a los derechos humanos más básicos no es sino una peligrosa mentira.
Laura Carlsen (lcarlsen(a)ciponline.org) es directora en la Ciudad de México del Programa de las Américas (www.americas.org) para el Centro para Políticas Internacionales (Center for International Policy).
Traducido por María Soledad Cervantes Ramírez.
Para Mayor Información:
La fabricación de una crisis de frontera
https://www.americas.org/es/archives/2553
Los códigos pardos de Arizona: la lucha de una generación
https://www.americas.org/es/archives/2486
La industria paralela de las cárceles y sus facilitadores en el gobierno
https://www.americas.org/es/archives/2199
