Guatemala se encuentra hoy frente a una encrucijada que por un lado amenaza los escasos logros alcanzados, tras la firma de la Paz en 1996, y por otro presenta una oportunidad de articulación entre movimientos para la construcción de un nuevo pacto social.
Como en los momentos álgidos del terrorismo de Estado, durante los años de la guerra interna, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales convocó a una conferencia de prensa el 31 de agosto pasado, la cual no fue acompañada por el gabinete de ministros en pleno, pero sí acuerpada por fuerzas militares y policiales, tres de los ministros que articulan la estrategia golpista del partido en el gobierno y sus colaboradores: El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda Moreno y el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar.
Mientras esto sucedía, un despliegue de carros militares rodeaban amenazantes las instalaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIG- en la ciudad capital. Asimismo, en redes sociales se advertía sobre las posibles capturas de algunas personas opositoras al gobierno.
El despliegue militar y policial es una estrategia que busca infundir temor en la ciudadanía, y constituye el símbolo más claro de la responsabilidad del mandatario y sus colaboradores en los hechos que les sindican el Ministerio Público y la CICIG, tras acuciosas investigaciones. Frente a la contundencia de las evidencias, el gobierno ha optado por la imposición de la represión para silenciar las voces que lo desafían.
Estas acciones, junto a los continuos y desacertados comentarios sobre temas álgidos políticos, sociales y económicos, del hasta hoy mandatario, han provocado la intensificación de las movilizaciones sociales en casi todo el país. De manera explícita y simbólica, varios departamentos han declarado “Non Grato” a Jimmy Morales y han rechazado su presencia en sus territorios.
Antecedentes de la actual escalada fascista
Las actuales circunstancias del contexto en Guatemala tienen un hilo histórico que articula varios elementos: el colonialismo presente en las élites económicas pero también en los sectores de clase media y urbana, el racismo, la misoginia y la homofobia. La corrupción ha sido el elemento para develar ese entramado histórico que es la base sobre la que se erige el Estado de Guatemala.
Luego de la firma de la Paz en 1996, se plantea fortalecer la institucionalidad del Estado, pero los sucesivos gobiernos no han hecho más que reconfigurar los Acuerdos firmados al servicio de los intereses de las élites económicas. Han creado nuevas instituciones que no solo no cambian nada de fondo, sino que legitiman procedimientos y estructuras incrustados en el Estado, al menos desde la instalación de la contrainsurgencia como política de Estado desde 1954. La lógica neoliberal como punto de partida para el diseño de leyes, políticas y programas, garantizó la acumulación de riquezas vía el despojo continuado y la corrupción.
De esta cuenta, la actual coyuntura que atraviesa Guatemala, además de ese sustrato histórico, expresa los intentos de rescatar esas estructuras operativas de acumulación, a través de las acciones de un gobierno dirigido por militares, que han colocado como fachada a un triste y asustado comediante, aprendiz de dictador. En 2015 los movimientos sociales, pueblos originarios, campesinado, mujeres, organizaciones de derechos humanos y ciudadanía en su conjunto, vivimos la ilusión de avance, que luego de un proceso electoral impuesto, ha marcado ruta para retroceder hacia los momentos más intensos el fascismo, la represión, la impunidad, el silencio y el olvido histórico.
Proceso electoral impuesto
El pacto de corruptos, tan evidente como señalado por la ciudadanía en las más recientes movilizaciones en plazas de diferentes departamentos y territorios, no es algo que haya montado Jimmy Morales y la “juntita militar”1 que le rodea, ya estando en el gobierno. Su llegada a la más alta magistratura es parte de ese pacto, en el cual los grupos de poder supieron cómo articularse en el escenario de 2015. En ese momento la inercia electoral fue respaldada no solo por la institucionalidad del Estado, sino también por los intereses geopolíticos del gobierno norteamericano y por la propia izquierda partidaria, incapaz de analizar a profundidad las implicaciones de la realización de las elecciones en ese contexto. El resultado de esa inercia fue el ascenso del partido Frente Convergencia Nacional (FCN-Nación) con Jimmy Morales como figura visible, pero manejado por veteranos militares comprometidos con graves violaciones a derechos humanos.
Aunque en un inicio, siguiendo las instrucciones de Washington, Morales respaldó la acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y nombró en su gabinete a algunas personas con trayectoria profesional y reconocimiento social, pronto se hizo evidente el entramado para el reacomodo de las elites de poder corruptas y criminales.
Señalamientos del entorno cercano al Presidente
Las investigaciones coordinadas entre el Ministerio Público, con la Fiscal General Thelma Aldana a la cabeza y la CICIG, encabezada por el Comisionado Iván Velásquez, identificaron al menos cinco casos vinculados con allegados al Presidente Morales. Tres investigaciones están relacionadas con el financiamiento electoral ilícito que impulsó la campaña del Frente Convergencia Nacional -FCN-Nación, por lo que el MP y CICIG solicitaron antejuicio en su contra.
Una cuarta pesquisa involucra a José Manuel Morales, hijo mayor del gobernante, y su hermano Samuel Morales, en un fraude en el Registro General de la Propiedad. El quinto caso está vinculado al uso de espacios proporcionados por la televisión abierta para promocionar su gobierno. Los canales son propiedad de Ángel González, y es donde Jimmy Morales y su hermano Sammy, transmiten aún el programa cómico Moralejas.
Criminalización y persecución de liderazgos sociales
Una constante de prácticamente todos los gobiernos, posteriores a la Firma de la Paz, que se ha intensificado en este período, es la persecución a liderezas y líderes que defienden sus territorios. Esta persecución que criminaliza la organización social de las comunidades y pueblos, constituye una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. La criminalización y represión desatada contra los liderazgos comunitarios expresa el respaldo del Estado de Guatemala a las empresas nacionales y transnacionales, responsables, no solo del despojo territorial de los pueblos indígenas, sino también de la criminalización contra sus líderes y liderezas.
La persecución, el encarcelamiento sin fundamentos ni pruebas y el asesinato de integrantes, principalmente de los movimientos de resistencia indígenas y campesinos, constituyen la evidencia más clara de la continuidad de la lógica contrainsurgente que durante el enfrentamiento armado “construyó” un enemigo interno, contra el cual, el Estado justificó todo tipo de acciones represivas para su “eliminación”.
Asimismo, la criminalización advierte contenidos racistas y devela la lógica colonial que moviliza la actuación de las élites. El objetivo de la represión desatada, es acumular a través del despojo y el terror. Los continuos desalojos de tierras mantienen prácticas contrainsurgentes, en las cuales están comprometidos agentes del Estado, seguridad de empresas e instituciones de seguridad y justicia.
Incendio del “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”
El 8 de marzo de 2017, cuando el movimiento de mujeres se aprestaba a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, la noticia de un incendio en el albergue del Estado, llamado “Hogar Seguro, Virgen de la Asunción”, invadía de dolor e indignación, no sólo a las familias de 41 víctimas fatales y 15 sobrevivientes, sino a la sociedad en su conjunto y a las organizaciones sociales, de mujeres y derechos humanos que nuevamente convocaron a la plaza, que desde ese día es nombrada “Plaza de las Niñas”.
La evidente responsabilidad del Estado, sobretodo del mandatario, quien afirmó haber dado la orden de la presencia policial en el albergue, según él para prevenir “posibles disturbios”, no sólo resultó letal, sino que ha develado los vínculos entre Estado, crimen organizado y redes de trata de niñas, niños y jóvenes. Este hecho criminal evidencia la incapacidad del Estado para la atención integral de la juventud que requiere de instituciones públicas para su resguardo.
El control policial para atender un albergue del Estado, es una evidencia de la perspectiva de control social en las políticas públicas. Todo esto sin mencionar la defensa a ultranza que Jimmy Morales ha hecho, de los funcionarios directamente implicados en el hecho.
Jimmy Morales: Agresor Sexual
Contra Morales pesan señalamientos de agresión sexual, denunciados en principio por el ex canciller Édgar Gutiérrez, a través de una columna periodística, y luego por el periodista Óscar Clemente Marroquín.
Según estas denuncias varias jóvenes, principalmente trabajadoras del Estado, han sido agredidas y acosadas sexualmente por el presidente, y obligadas a estar presentes en “reuniones sociales” en las oficinas presidenciales, a través de estructuras de trata incrustadas en el ejecutivo.
Según los denunciantes, quienes afirman haber dialogado con víctimas directas de estos atropellos, las jóvenes, principalmente trabajadoras del Estado, temen represalias si se animan a denunciar ante el MP. Testigos y por lo menos dos pruebas serían lo que sostiene la denuncia pública en contra del mandatario. La actual Fiscal General, María Consuelo Porras ha señalado que en el MP no aparece ninguna denuncia por estos hechos.
El movimiento de mujeres y feminista se ha pronunciado en respaldo de las posibles víctimas. Aunque no exista una denuncia directa, posiblemente por el temor a represalias ya mencionado, la conducta misógina de Jimmy Morales ha sido una constante, tanto en su rol de actor “cómico”, luego como candidato y ahora como Presidente.
“Pacto de Corruptos”: Septiembre 2017-2018
Desde septiembre 2017 al mismo mes en 2018, el Gobierno presidido por Morales ha trabajado vertiginosamente en una estrategia de reacomodo de fuerzas de derecha conservadora y militar, mediante lo que se ha llamado “pacto de corruptos”, el cual implica no solo al ejecutivo con los militares que lo dirigen, sino a algunos empresarios y la mayoría de congresistas, varios de ellos señalados por transfuguismo y corrupción.
En septiembre 2017, luego de una visita a Naciones Unidas, Jimmy Morales, a través de un video difundido en redes, declaró Non Grato al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Desde ese momento hasta la fecha, la campaña de desprestigio contra el comisionado no sólo no ha terminado, sino que se refuerza con la más reciente decisión de prohibir su ingreso al país, casi un año después.
En aquel entonces la movilización ciudadana llegó a su punto álgido a la víspera de la conmemoración del 15 de septiembre, “Día de la Independencia”. En esa ocasión, una ciudadanía enardecida se concentró en las salidas del edificio del Congreso de la República, y no dejó salir a los diputados allí congregados, hasta que no dieran marcha atrás a una serie de leyes que ya abrían paso al pacto que de golpistas que actualmente se gesta, y bajo el cual van avanzando normas que restringen los Derechos Humanos de la población Guatemalteca y garantizan impunidad.
Legalización de la impunidad, la corrupción, la criminalización de liderazgos y el control social sobre mujeres y población LGTBIQ
El paquete de leyes que avanza en el Congreso, amenaza con graves retrocesos a la democracia, al derecho de los pueblos a su autodeterminación y la defensa de sus territorios, la libertad de expresión, y la acción articulada de las organizaciones sociales. Algunas leyes en particular, como la iniciativa 5272 “Ley para la protección de la vida y la familia” abren la puerta a la criminalización de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobretodo de niñas y jóvenes víctimas de violación sexual que son obligadas a llevar a término embarazos forzados. Asimismo, conlleva la criminalización del libre ejercicio de su sexualidad de la población LGTBIQ.
Articulación de movimientos sociales
En este contexto, los movimientos sociales hemos tenido dificultad para lograr un proceso de articulación que reconozca la pluralidad de sujetos, miradas, trayectorias, y construya una propuesta de cambio. Existe una tendencia a movilizarse de forma reactiva y en demandas únicamente dirigidas al Estado, restando importancia al diálogo social para coordinar acciones.
Desde el movimiento de mujeres y feministas, vemos necesario construir propuestas articuladoras que desmonten las lógicas de opresión. Lanzar iniciativas como por ejemplo la creación de un “Estado Plurinacional” más allá del discurso, requiere debates y estrategias; rutas para transitar hacia otra lógica de organización social. Asimismo, hay dificultad para desmontar, a lo interno de los movimientos, la misoginia, el acoso, el racismo y la homofobia.
La dispersión ha tenido efectos desmovilizadores, lo cual también ha hecho que muchos de los grupos surgidos de las plazas en 2015, ya no tengan la misma participación de sus integrantes, frente a la ausencia de un horizonte de lucha y un proyecto donde aterrizar las inquietudes de cambio social, político y económico.
Esa dispersión ha sido efecto de varios factores: las lógicas heredadas de los procesos organizativos en los años de la confrontación armada; la cooperación internacional y sus agendas; el terror instalado como resultado de la contrainsurgencia; los discursos que lanzan propuestas pero evaden debates articuladores. Todo esto además de la prevalencia de perspectivas mestizo/ladinas, urbano/céntricas, acríticas de la historia de los movimientos y partidos de izquierda tradicionales.
Los análisis internos advierten sobre el respaldo cada vez menos solapado de Washington al actual gobierno, bajo la errónea premisa de garantías de gobernanza. Ese respaldo de Washington no es homogéneo, así como en lo nacional, existen fisuras a lo interno de las elites económicas y del propio ejército.
Frente a esto, los movimientos nos preparamos para intensas movilizaciones que en los próximos días disputarán la posibilidad de establecer rutas de salida de la crisis que no sacrifiquen las aspiraciones de cambios democráticos profundos.
