Informe de Biodiversidad de CIP Programa de las Américas—Abril 2010

  • CHILE: Protestan contra alegada privatización del mar
  • COLOMBIA: Fracasa el algodón transgénico
  • ECUADOR: Lucha contra la explotación petrolera en la Amazonia
  • ECUADOR: Advierten acerca de ONGs neoliberales
  • BRASIL: Gobierno pretende represar el río Xingu
  • 1. CHILE: Protestan contra alegada privatización del mar

    Una nueva ley implica la privatización del mar.

    Grupos de sociedad civil y de pescadores artesanales de Chile repudian un proyecto de ley aprobado por el parlamento en el mes de marzo. Esta ley, que consiste básicamente de modificaciones a la ya existente Ley de Pesca y Acuicultura, fue aprobada apenas once días después del terremoto y el maremoto asociado, que causó gran destrucción en la zona costera del centro y sur del país, y un día antes del cambio de gobierno.

    “La Ley impulsada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la patronal SalmonChile, y los Ministros de Economía y Hacienda estuvo más de un año en discusión legislativa donde organizaciones ciudadanas, pescadores, sindicatos salmoneros y empresarios del turismo local, entre otros, pusieron tenaz rechazo”, según un comunicado del grupo ambientalista Centro Ecocéanos (http://www.ecoceanos.cl/). Esta ley hace posible que los bancos puedan recibir como hipoteca la propiedad de concesiones de pesca de las empresas salmoneras, lo cual los opositores denuncian como una privatización del mar.

    “Esta vergonzosa ley, hecha a la medida del gran empresariado y sus bancos acreedores, busca impulsar la fase final del proceso de privatización, concentración económica, transnacionalización y disminución del papel fiscalizador del Estado en el sector pesquero y de acuicultura chileno”, declaró Ecocéanos.

    “Las críticas no sólo se fundamentaban en que el gobierno empleara el dinero de la ciudadanía para rescatar a una industria privada, sino en los perjuicios que ésta representaba para el medio ambiente y para los trabajadores, dado que entre otras cosas las salmoneras a menudo incurrían en prácticas antisindicales y no se regían por estándares de seguridad internacionales”, según un reportaje de Radio Mundo Real. “De hecho, en Chile los fallecimientos de trabajadores en el rubro de la salmonicultura son la segunda causa de muerte en el ámbito laboral a nivel nacional, luego de la construcción.”

    Sostiene Héctor Kol, encargado del Programa de Salmonicultura de la Asociación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales de Aysén, que a diferencia de lo que sucede con la pesca artesanal en Chile, que utiliza métodos naturales y que ofrece un producto orgánico, la industria salmonera usa grandes cantidades de antibióticos que perjudican al consumidor. Además, afirmó que ésta legislación es contraria a la soberanía alimentaria, puesto que el producto de su pesca es para exportación.

    FUENTES:

    Ecocéanos News, “Parlamento aprueba ley salmonera,” 11 de marzo 2010, http://biodiversidadla.org/Menu_Derecha/Prensa/Chile_parlamento_aprueba_Ley_salmonera_que_permite_hipotecar_zonas_marinas.

    Radio Mundo Real, “El robo del mar,” 10 de marzo 2010, http://www.radiomundoreal.fm/El-robo-del-mar.

    Radio Mundo Real, “Erase una vez un mar,” 22 de marzo 2010, http://www.radiomundoreal.fm/Erase-una-vez-un-mar.

    2. COLOMBIA: Fracasa el algodón transgénico

    El algodón transgénico ha sido un fracaso en Colombia.

    El algodón genéticamente modificado (transgénico) de la corporación de biotecnología estadounidense Monsanto ha sido un fracaso en Colombia, anunció la organización Grupo Semillas (http://www.semillas.org.co/). El pasado mes de marzo el Instituto Colombiano Agropecuario le impuso una multa a Monsanto por el pobre desempeño de su algodón transgénico, que causó pérdidas a los cultivadores algodoneros en la temporada 2008/2009.

    “Luego de siete años de haber sido liberadas comercialmente las semillas de algodón transgénico, queda en evidencia el fracaso que han tenido”, declaró la organización colombiana en un artículo circulado por la Red por una América Latina Libre de Transgénicos.

    “No cumplieron con las promesas de ser más productivas, ni de reducir el uso de pesticidas y herbicidas, ni de disminuir los costos de producción, ni de generar mayor rentabilidad para los agricultores. La tecnología transgénica la presentó Monsanto como la redención del sector algodonero; en realidad ha ayudado a llevar a los agricultores al fondo del abismo especialmente a los pequeños y medianos algodoneros de Córdoba y Tolima, quienes en la cosecha 2008–2009 tuvieron enormes pérdidas.”

    La sociedad civil no recibió esta noticia desprevenida. Ya en agosto de 2007 los participantes del Congreso Científico Latinoamericano de Agroecología, celebrado ese mes en Antioquía, Colombia, redactaron una carta abierta al gobierno colombiano expresando rechazo a la aprobación de cultivos transgénicos en el país.

    En la carta afirmaron que “En Colombia, el maíz y el algodón transgénico, generará cruces genéticos con especies nativas que causarán degradación genética o ‘súpermalezas’ en los agroecosistemas productivos; del mismo modo la tradición cultural, históricamente facilitadora de la seguridad alimentaria nacional, será vulnerada y arruinada por las políticas irresponsables del Estado colombiano que mide en términos de productividad la actividad agropecuaria y aumenta la desigualdad social en el sector rural colombiano, olvidando su compromiso con la soberanía nacional a partir del alimento como derecho humano fundamental.”

    Fueron enfáticos los firmantes en repudiar las supuestas actividades educativas auspiciadas por el estado por entender que no eran más que propaganda.

    “Rechazamos las jornadas que se vienen desarrollando para desinformar a la opinión pública y a las instituciones sobre los riesgos de la introducción de cultivos transgénicos en el campo colombiano. En estos eventos denominados ‘talleres de Bioseguridad’ se afirma que los cultivos transgénicos ayudarán a resolver el problema de hambre en el país y que sus efectos sobre la biodiversidad son mínimos; desconociendo que históricamente han sido las comunidades rurales las responsables de proveer de alimentos a la humanidad a partir de sistemas de producción agrodiversos y mediante prácticas que garantizan en cierta medida la sostenibilidad productiva, de igual manera se niega los desastrosos efectos causados por la introducción de estos transgénicos a nivel experimental en otros países latinoamericanos.”

    Ahora, tras el fracaso que había pronosticado acertadamente, el Grupo Semillas mira hacia los retos del futuro: “Quienes sí han aprendido lecciones de esta crisis son los pequeños agricultores, campesinos e indígenas; ellos han entendido que estas semillas transgénicas no son adecuadas para sus sistemas productivos y que además los aniquila; por ello están desarrollando múltiples estrategias para enfrentarlos. Ahora el reto que tienen los agricultores es cómo enfrentar las amenazas a la biodiversidad y la soberanía alimentaria, que genera las semillas de maíz transgénico, que el ICA autorizó para la siembra en todo el país desde 2007. Pero hoy cada vez existen más agricultores que quieren defender nuestras semillas nativas y que no quieren que las semillas transgénicas entren a sus territorios, a sus sistemas productivos y a su alimentación.”

    FUENTES:

    Red por una América Latina Libre de Transgénicos, “El fracaso del Algodón Transgénico en Colombia,” Boletín RALLT #376, http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Documentos/El_fracaso_del_algodon_transgenico_en_Colombia2.

    Semillas de Identidad, “Transgénicos y Derechos Humanos: Carta abierta a la comunidad científica, académica y empresarial de Colombia,” 30 de agosto 2007, http://semillasdeidentidad.blogspot.com/2007/08/transgnicos-y-derechos-humanos-carta.html.

    Para más información:

    http://bioseguridad.blogspot.com/search/label/Colombia

    3. ECUADOR: Lucha contra la explotación petrolera en la Amazonia

    El gobierno de Ecuador ya está concesionando áreas de gran
    biodiversidad a corporaciones petroleras.

    El gobierno ecuatoriano se ha lucido ante el mundo entero con su propuesta de no tocar el petróleo que yace bajo el parque nacional Yasuní a cambio de una compensación económica por parte de la comunidad internacional. Hoy día la sociedad civil está defendiendo esa propuesta del propio gobierno, que parece estar dispuesto a cambiar de parecer y proceder a autorizar la explotación petrolera en el Yasuní.

    Pero no muy lejos del Yasuní el gobierno ya está concesionando áreas de gran biodiversidad a corporaciones petroleras, como lo es el llamado Bloque 20, conocido también como Pungarayacu. La concesión es de 146 mil hectáreas que incluyen áreas pobladas y zonas protegidas como Sumaco, que es Reserva de la Biosfera de la UNESCO. “Se teme que el proyecto petrolero perjudique seriamente la industria local de eco-turismo, que representa una importante fuente de trabajo”, declaró la organización ambientalista alemana Salva la Selva. Añade que “la compañía Ivanhoe Energy (la cual posee la concesión)… avanza sus operaciones mediante engaños y dividiendo a las comunidades indígenas y líderes comunitarios.”

    Salva la Selva señala que el proceder de Ivanhoe y del gobierno va en violación de la constitución de la república, la cual es muy enfática en reconocer los derechos de la naturaleza y específica en cuanto a requerimientos de consulta pública para proyectos extractivos. “El gobierno inició las negociaciones con Ivanhoe sin consultar a los pueblos indígenas y afectados por el proyecto, ignorando así sus derechos constitucionales.”

    “Además, la compañía Ivanhoe Energy está aplicando la habitual estrategia de negociar con algunos líderes y miembros de las comunidades, comprándolos con la promesa de empleos, en lugar de acercarse a dialogar con los gobiernos seccionales. Con ello pretenden facilitar su ingreso a la zona aunque no cuenten con el consenso de toda la comunidad.”

    FUENTE:

    Salva la Selva, “Proyecto petrolero amenaza la Reserva de Biosfera Sumaco,” http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=546.

    4. ECUADOR: Advierten acerca de ONGs neoliberales

    Las actuaciones de organizaciones no gubernamentales (ONGs) extranjeras adineradas e influyentes en Ecuador, y su relación cercana de colaboración con el gobierno y con corporaciones transnacionales, causa malestar entre agrupaciones ambientalistas locales. Una de estas organizaciones locales es Acción Ecológica (http://www.accionecologica.org/), la cual el gobierno del actual presidente Rafael Correa intentó silenciar en 2009 en medio de una muy publicitada polémica entre ambos.

    “Existen grandes ONGs de conservación que, con o sin conocimiento, intervienen en el control territorial de zonas prioritarias, geopolíticamente hablando, (pues en ellas existen grandes cantidades de recursos minerales, agua y biodiversidad)”, denuncia Acción Ecológica en una carta abierta a organizaciones que trabajan en defensa del ambiente publicada el pasado 31 de marzo.

    “Esto lo hacen a través de asumir la administración o manejo de áreas protegidas. Este es un proceso típicamente neoliberal pues se considera a los Estados incapaces y estas organizaciones transnacionales de la conservación se presentan como las instancias técnicas con la mayor capacidad para planificar y administrar estas zonas, llegando incluso a captar más recursos que muchos Estados para las mismas tareas.”

    Entre las organizaciones conservacionistas extranjeras activas en Ecuador se destacan Conservación Internacional, The Nature Conservancy, el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF) y la Unión Internacional para la Conservación (IUCN).

    “Estas ONGs en muchas ocasiones tienen acuerdos con empresas y son las que pasan a determinar qué actividades se pueden hacer en estas zonas: bioprospección, extracción ‘sustentable de minerales y petróleo’, control de acuíferos y asignación de derechos de uso de las fuentes de agua, proyectos de desarrollo u otros planes que no necesariamente responden a los objetivos de fortalecimiento y autodeterminación de las comunidades… Además intervienen en la formulación de legislación y en el diseño de políticas públicas de conservación, lo que les permite legalizar sus acciones.”

    Acción Ecológica expresa particular preocupación en cuanto a lo que ocurre en el Fondo Ambiental Nacional (http://www.fan.org.ec/), dependencia del gobierno ecuatoriano que administra fondos privados a ser usados para la conservación de la naturaleza, que incluyen donaciones de compañías petroleras. “Es allí donde se definen políticas ambientales en un claro ejercicio de privatización de la conservación. Las organizaciones defensoras del ambiente, y en general las ONGs no podemos ser parte de una estrategia de privatización o delegación de las funciones del Estado a sectores privados.”

    En la carta abierta se denuncia que las ONGs que no colaboran con las compañías petroleras y otras industrias extractivistas pueden ser silenciadas mediante el decreto presidencial 982, el cual permite al gobierno “descalificar” organizaciones ciudadanas si interfieren con las políticas de estado.

    “Parte de los procesos de descalificación es el pretender que sólo pueden opinar quienes han ganado elecciones y que mantener posiciones críticas o detractoras de políticas o proyectos del gobierno es ser infantiles… En este sentido es necesario posicionarse en torno al Decreto 982 que condiciona la existencia de las ONGs al cumplimiento del plan de desarrollo y a las políticas de Estado, independientemente de la defensa de la naturaleza, los derechos y el ambiente.”

    FUENTE:

    Acción Ecológica, Carta abierta, http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Documentos/Carta_abierta_de_Accion_Ecologica_
    a_las_organizaciones_que_trabajan_en_defensa_del_ambiente
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    5. BRASIL: Gobierno pretende represar el río Xingu

    Existen planes para construir represas en el río.

    Pueblos indígenas y grupos ambientalistas emprenden una campaña contra los planes del gobierno del presidente brasileño Luis Inacio “Lula” da Silva de construir represas hidroeléctricas en el río Xingu, el cual recorre casi 2 mil kilómetros en los estados de Mato Groso y Pará. Más de la mitad del territorio por donde pasa su caudal es selva protegida por ley.

    “El Congreso Nacional de Brasil aprobó, sin debate y sin la consulta previa con las comunidades indígenas prevista en la Constitución, la construcción de Belo Monte como la primera de una serie de complejos de represas”, informa Salva la Selva. “Los embalses previstos inicialmente son enormes. Sólo uno de ellos cubre un área de 6,140 km2. El gobierno del presidente Lula da Silva había prometido no llevar a cabo el proyecto en contra de los deseos de la población local, lo cual no está siendo respetado. A principios de febrero de 2010 el Gobierno del Brasil concedió el permiso provisional de obra. Los trabajos pueden comenzar en cualquier momento.”

    Salva la Selva alude a estudios que demuestran que inversiones en conservación y eficiencia energética serían más que suficientes para hacer innecesaria la electricidad que generaría Belo Monte, a un costo mucho menor que el de construir la represa. El gobierno sostiene que el proyecto costará menos de tres mil millones de euros, pero dos de las compañías involucradas, CPFL y Alsthom, estiman que el costo real llegará a los 12 mil millones de euros.

    La represa es una pieza clave del ambicioso Plan Acelerado de Crecimiento del gobierno de Lula (http://www.brasil.gov.br/pac/), el cual proveerá fondos para, entre otras cosas, la construcción de masivos proyectos de energía y transporte que podrían tener serios impactos ambientales y sociales.

    “Unas 20 mil personas de los distritos de Altamira, Vitória do Xingu y Brasil Novo tendrían que abandonar sus tierras y ser reubicadas”, dice la organización. “El daño a los peces y el intercambio fluvial serían junto a todos los daños ambientales, incalculables. Las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero muy fuerte, es otro grave problema, como lo es el aumento de enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. Debido a las represas similares ya construidas en Brasil en el pasado, se conocen muy bien los desastrosos efectos sobre el medio ambiente, los seres humanos y el clima.”

    FUENTE:

    Salva la Selva, “Mega-represa en Brasil: ¡No queremos Belo Monte!” 19 de marzo 2010, http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=550.

    Carmelo Ruiz Marrero es un periodista ambiental independiente y analista ambiental del Programa de las Américas del CIP (www.ircamericas.org), un becado (fellow) del Oakland Institute y (senior fellow) del Environmental Leadership Program, además de fundador y director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico (bioseguridad.blogspot.com). Su página web bilingue (carmeloruiz.blogspot.com) está dedicada a asuntos globales de ambiente y desarrollo.

    Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org.

    Para mayor información

    Informe de Biodiversidad de CIP Programa de las Américas—marzo de 2010
    http://www.ircamericas.org/esp/6695

    Informe de biodiversidad de CIP Programa de las Américas—febrero 2010
    http://www.ircamericas.org/esp/6682

    Informe de biodiversidad de CIP Programa de las Américas—enero 2010
    http://www.ircamericas.org/esp/6667

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