El Congreso podría votar en cualquier momento para arremeter otro golpe contra los ya maltratados trabajadores estadounidenses y los desempleados.

Comités de la Cámara de Representantes y el Senado acaban de avanzar procesalmente los Tratados de Libre Comercio (TLC) de Colombia, Panamá y Corea del Sur. El gobierno de Obama está instando que se aprueben estas tres reliquias de la administración Bush antes del receso de verano.

El esfuerzo cabal a favor de los TLCs representa una inversión para un presidente elegido en base a un programa de reforma comercial. Durante la campaña presidencial, Barack Obama proclamó su oposición a los TLCs al estilo del TLCAN y se jactó de su postura contra los acuerdos devastadores de América del Norte y Central. Cuando era el candidato Obama, se distanció cuidadosamente de las políticas de mercado abierto y favorables a las empresas de su predecesor, abogando por cambios significativos en el modelo del TLCAN, incluyendo normas ejecutables laborales y ambientales, y de protección al consumidor.

La crisis global

En los tres años desde que Obama cortejó a los votantes hablándoles sobre cambios audaces en la política comercial, la necesidad de reformas ha alcanzado proporciones de crisis. La crisis económica mundial dejó a Estados Unidos con tasas por el cielo de desempleo y subempleo. El gobierno pagó miles de millones de dólares en dinero de rescate a las empresas que causaron la crisis. Estas corporaciones entonces dieron la vuelta y registraron ganancias récord y entregaron bonos astronómicos de compensación a sus ejecutivos. El desfile de las pruebas que indica que la subcontratación impulsada por los TLCs a quien beneficia es a las empresas, mientras deja a los estadounidenses sin trabajo, se ha acumulado. Además, los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses se oponen a los TLCs al estilo del TLCAN.

En el extranjero, las violaciones de normas laborales y el aumento en la desigualdad han agravado la situación de las personas pobres y trabajadoras en los países donde hay TLCs, mientras que ha surgido una nueva clase de super ricos que a menudo controla las economías nacionales.

Este parecería ser el momento preciso para cumplir las promesas de arreglar la política comercial y de inversión, y para darles a los trabajadores en todas partes lo justo que se merecen en una economía globalizada que ha sido muy sesgada hacia los intereses de las grandes empresas – con un efecto devastador.

En cambio, el gobierno de Obama ha pasado de la audacia de la esperanza a la audacia de presentarle tres acuerdos comerciales en pro de las empresas a un público que está sufriendo una tasa de desempleo de casi 10 por ciento. Tal como concluye el presidente del Sindicato de obreros siderúrgicos (“United Steelworkers” o “OSW”), Leo Gerard, en una carta al Congreso en que se opone a estos acuerdos de libre comercio, “Los acuerdos comerciales fuerzan a los trabajadores estadounidenses a asumir todos los riesgos y fomentan que las grandes multinacionales cosechen todos los beneficios”.

Simulacros del TLCAN

Los nuevos acuerdos parecen casi idénticos al modelo del TLCAN, a pesar de que se le han hecho algunos ajustes y que prometen avances que en su mayoría quedan fuera del texto de los acuerdos. Algunos de los elementos más nocivos que persisten en los TLCs ante el Congreso son: la prohibición de regulación del sector financiero y controles de capital, los incentivos de inversión extranjera que fomentan la deslocalización de trabajos, regímenes jurídicos separados en los que las corporaciones pueden entablar demandas contra gobiernos en tribunales especializados, normas ambientales endebles, normas laborales imprecisas y desdentadas, y reglas de propiedad intelectual que monopolizan el conocimiento necesario para el bien público.

El Instituto de Política Económica en Washington, DC calcula que el TLC de Corea del Sur costará 159,000 empleos estadounidenses, y ni se diga al añadir los otros dos tratados. Datos del Departamento de Comercio de EE.UU. muestran que en la última década de política neoliberal las corporaciones multinacionales redujeron su fuerza laboral en EE.UU. por 2.9 millones y aumentaron empleos en el extranjero por 2.4 millones. Bajo estos regímenes de comercio e inversión, los trabajadores estadounidenses claramente sufren, por lo que los votantes han apoyado a candidatos que critican el comercio libre al estilo del TLCAN. A pesar de que el desplazamiento de trabajos es con frecuencia visto como un sistema de juego de suma cero en que los trabajadores de diferentes naciones compiten, la realidad es que los trabajos decentes –  con condiciones de trabajo dignas y derechos laborales reales – se han perdido en todas partes. Los TLCs convierten al mundo en un bazar global de trabajadores en que las grandes empresas van en busca de baratillos.

Los sindicatos en los países que supuestamente claman por un TLC con EE.UU. se oponen abrumadoramente a ellos. Las organizaciones laborales colombianas consistentemente han adoptado una postura contra del TLC con Colombia, afirmando que crea términos vinculantes  entre dos economías muy desiguales; que afectará negativamente los sectores agrícolas, de manufactura, medicamentos y otros vitales; que generará pocos empleos netos, si alguno; y pondría a miles de las empresas locales en peligro. Un grupo de sindicatos, agricultores y grupos de la sociedad civil coreanos viajaron a Washington en enero pasado para “prevenir las consecuencias negativas que el TLC Corea-EE.UU tendrá en ambos de nuestros países”.

Los dos grupos han presentado su testimonio ante el Congreso de EE.UU., refutando otro mito más: que los TLCs son “recompensas” conferidas a los aliados que se los merecen. Los poderosos intereses económicos en estos países – por lo general con representación excesiva en sus gobiernos – han ejercido tremenda presión para tener en favor a los acuerdos. Mientras tanto los pobres, los obreros, los campesinos, los desplazados y las organizaciones indígenas y étnicas se oponen a éstos casi unánimemente.

Colombianos contra el TLC

Una carta al Congreso de los EE.UU. firmada por 431 organizaciones estadounidenses y colombianas insta a los legisladores a rechazar el TLC EE.UU.-Colombia, citando las “serias inquietudes laborales, ambientales, de derechos humanos, y de las poblaciones afroamericanas e indígenas en Colombia.” La carta señala que Colombia sigue siendo “el país más peligroso del mundo para los sindicalistas”, y cita la tasa de 94 por ciento de impunidad de la cual gozan los asesinos de dirigentes sindicales. Cincuentaiún sindicalistas fueron asesinados en 2010, y las matanzas continúan en 2011 sin tregua.

Un Plan de Acción desarrollado entre el gobierno estadounidense y el colombiano para mitigar las preocupaciones no forma parte de las disposiciones obligatorias en el documento del acuerdo. En esta etapa el plan equivale a buenas intenciones sin establecer una base sólida para la negociación colectiva para los miembros cooperativos, o parámetros claros para la reducción de la violencia, los abusos y la impunidad.

Los promotores han respondido a las críticas de las prácticas laborales del gobierno colombiano afirmando que mayores inversiones estadounidenses pueden servir como una fuerza positiva en la defensa de los derechos de los trabajadores. Este argumento no se ha confirmado en la práctica. En Guatemala los asesinatos de sindicalistas aumentaron tras la aprobación del TLCAC. La lógica es simple. Con intereses económicos más poderosos en el país que compiten en una economía globalizada, las empresas a menudo consideran que los derechos laborales son pasivos económicos.

El debate sobre el TLC con Colombia también ha ignorado la necesidad de evaluar los efectos de la creciente inversión financiera extranjera en el conflicto armado sin cesar de Colombia. El TLCAN ha demostrado que los TLCs tienen mucho más que ver con la modernización de los regímenes de inversión para las empresas multinacionales que con el intercambio de bienes y servicios.

Estas inversiones también dirigen dinero a los paramilitares implicados en la exportación de drogas, lavado de dinero y otros delitos. Las pruebas son contundentes de que estos vínculos sospechosos existieron en el pasado, especialmente en el caso reciente de los pagos de Chiquita a organizaciones paramilitares como parte de “hacer negocios” en Colombia. Tales inversiones, asociadas con enormes proyectos agrícolas y empresas mineras, a menudo van de la mano con la violencia y el desplazamiento. Un informe sobre los megaproyectos del Banco de Desarrollo Interamericano realizado por el Programa de las Américas y la Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas demostró la correlación entre la expansión de los monocultivos de palma de aceite y el desplazamiento forzado. En un desayuno de oración reciente, Lisa Haugaard, del Grupo de Trabajo por América Latina, habló de su experiencia  recopilando pruebas de que los terratenientes expanden operaciones ganaderas y mineras apuntando pistolas.

Los numerosos ataques a las poblaciones afrocolombianas como parte de este proceso provocó que 24 miembros del Congreso le escribieran al presidente Obama el 6 de julio declarando: “Nos preocupa que el TLC estimulará el desarrollo empresarial en Colombia a expensas de estas poblaciones vulnerables”. Los miembros del Congreso también hicieron notar que unos 5.2 millones de personas en el país ya están desplazados – más de uno de cada nueve colombianos.

Primero los empleo

El TLC con Colombia nos presenta el caso más claro de por qué el libre comercio en el contexto de la desigualdad y la violencia no sólo no ayuda sino que agrava los problemas. La cuestión de si Colombia “merece” el TLC puede contestarse fácilmente. Ninguna población merece un acuerdo internacional que de forma directa o indirecta promueve el desplazamiento, la violencia, los asesinatos por sicarios y la violación incesante de los derechos de las poblaciones indígenas y afroamericanas.

Las organizaciones laborales, de derechos humanos y aquellas con base u200bu200ben la fe están resistiendo vigorosamente el ataque de los TLCs, y proveen herramientas para que los ciudadanos hagan oír su voz sobre el estruendo de los cabildos de las empresas.

Si el Congreso hace oídos sordos a los grupos de mayor riesgo y con mayor necesidad – tanto en los Estados Unidos como en los países afectados por el trío tóxico de TLCs ahora en circulación – estará contradiciendo los valores de EE.UU. y los de la opinión pública del país. Especialmente ahora, cuando la economía estadounidense sigue luchando por recuperar su posición, la mejor manera de reconstruir la estabilidad es aprender de los errores del pasado y luchar por justicia. Un paso necesario es rechazar los Tratados de Libre Comercio con Colombia, Corea del Sur y Panamá.

Laura Carlsen es la directora del Programa de las Américas del Center for International Policy en la Ciudad de México en www.americas.org.

Traducido por Annette Ramos

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