Dirigentes indígenas que viajaron a Nueva York en el contexto de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI) de la ONU acusaron al presidente Enrique Peña Nieto de tener un “doble discurso” en materia de derechos indígenas en el país.
“El discurso del Sr. Presidente Enrique Peña Nieto es un doble discurso, la verdad, porque aquí hay violación de derechos humanos, hay encarcelamiento, hay hostigamiento, hay persecución,” dijo en conferencia de prensa Felicitas Martínez, me’phaa (tlapaneca), de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Martinez participó con un grupo de mujeres indígenas y rurales de Mesoamérica y Asia Sudeste, afiliadas con la organización feminista, JASS.
Las líderes expusieron la gran distancia que existe entre el discurso oficial y la realidad que viven en sus territorios. Martínez habló de la larga lista de dirigentes indígenas encarcelados en el país por defender los mismos derechos que el presidente refrendó en su discurso, entre ellos Nestora Salgado, coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero; Marco Antonio Suástegui, de La Parota, también en el estado de Guerrero y Mario Luna, del pueblo yaqui de Vícam, Sonora, criminalizado por su oposición al ilegal acueducto Independencia. Concluyó: “Aquí no hay justicia”.
En su presentación en la Conferencia, Peña Nieto se jactó de que la resolución final de la Conferencia incorporó varios planteamientos de la delegación oficial mexicana, entre ellos: que la agenda de desarrollo pos-2015 incluya los derechos de los pueblos indígenas, y que se armonicen las leyes nacionales siguiendo el espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Terminó diciendo: “En México, nuestra constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, y organización social, económica, política y cultural.”
Bettina Cruz, binizaa del Istmo de Tehuantepec, puso en tela de juicio las declaraciones del presidente, haciendo referencia al impacto de los megaproyectos y de la reforma energética en los pueblos indígenas.
“El discurso de Enrique Peña Nieto en el sentido de que en México se respetan los derechos de los pueblos indígenas es muy contradictorio en términos de que hace solamente unos meses se aprobó una reforma energética de lo más lesiva para nuestros territorios como pueblos indígenas.”
“Esta reforma energética es la punta de lanza para el despojo, la criminalización, la ocupación y el genocidio de los pueblos que aún permanecemos en nuestros territorios, y por estar cuidando nuestros territorios aún conservamos los recursos —que ellos ven como recursos, y nosotros los vemos como bienes naturales de los que vivimos.”
La reforma energética incorpora una claúsula de “ocupación temporal” que le da al estado el mandato legal para efectivamente expropriar terrenos bajo el principio que que establece que “Las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.”
Cruz afirmó que la ley, al priorizar la explotación del petróleo, “deja a un lado nuestros derechos a vivir desde nuestras propias formas de vivir. Deja a un lado nuestros derechos a decidir cómo vivir, de qué vivir, qué comer, qué hacer, cómo disfrutar, cómo gobernarnos.”
Esta reforma energética es irreconcilable con los derechos de los pueblos indígenas del país. El discurso de Peña Nieto habla de libre determinación pero no hace referencia a lo que está en el fondo de la actual embestida contra los territorios indígenas, que es el choque histórico entre un modelo de desarrollo predador y la protección de sus territorios y derechos por parte de los pueblos indígenas. No mencionó el derecho a la consulta previa, libre e informada en toda decisión que tiene que ver con los territorios indígenas.
México es signatario desde 1989 del Convenio 169 de la OIT que consagra este derecho. Sin embargo, la realidad es muy distinta.
“Todos los proyectos que están instalados en nuestros territorios sean camineros, eólicas, hidroeléctricas, de todo tipo han adolecido de la consulta previa, libre e informada. Y por esta exigencia, tenemos a muchos compañeros en diferentes partes de nuestros territorios encarcelados o con procesos jurídicos en curso,” explicó Cruz.
Ella enfrenta un proceso judicial por parte del Juez 6to de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, en base a una denuncia por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que le acusa de “privación ilegal de la libertad” y “actuar contra el consumo y la riqueza de la nación.” En la definición del supuesto delito está la clave del choque histórico de que hablamos. ¿Consumo y riqueza de quién y para qué?
Si los pueblos indígenas tienen derechos sobre sus territorios y han conservado los bienes naturales de la nación hasta ahora, ¿no serían ellos quienes deben determinar su uso ahora y hacia el futuro?
En este punto fundamental, la resolución final de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas no representa un avance importante. Básicamente recoge y en algunos casos hace más explícitos los derechos que ya están incluidos en la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas por fin aprobada por la Asamblea General en 2007. Fue la falta de applicación de la Declaración en los estados lo que buscó remediar la Conferencia.
La resolución contiene algunas claúsulas positivas referente al papel y los derechos de mujeres indígenas. Llama a promover su empoderamiento, liderazgo y participación en la toma de decisiones (Art. 17), examinar las causas de la violencia contra mujeres y niñas indígenas (Art. 19) y dar acceso a la salud y garantías de los derechos reproductivos y sexuales —lo cual provocó una respuesta de rechazo por parte de El Vaticano.
Las mujeres destacan la importancia de enfrentar la múltiple discriminación que se padece por ser mujer, indígena, empobrecida y rural, ejercida por los estados y a veces entre sus propias comunidades y familias.
Algunas organizaciones indígenas consideran que el documento representa un avance; otras no ven una ganancia real. Sin embargo, nadie parece creer que por sí pueda resolver la enorme distancia que hay entre el discurso y la realidad, y entre las leyes y el actuar de los poderosos intereses económicos que enfrentan.
Cuando el presidente Peña Nieto habla de las garantías de la Constitución mexicana parece olvidar la traición histórica a los pueblos indígenas: la contrarreforma de 2001. En esa ocasión el gobierno mexicano desconoció su propia firma a los Acuerdos de San Andrés y aprobó una reforma que por falta de mecanismos reales para el reconocimiento de la autonomía, dejó abierta la puerta al despojo, violación de derechos, criminalización y discriminación que caracterizan la situación de mujeres y hombres indígenas hoy en día.
Laura Carlsen es Directora del Progama de las Américas del Centro para la Política Internacional y asesora de Asociadas por lo Justo (JASS).
