El 24 de marzo fue el aniversario numero 38 del golpe de estado en Argentina y por las mismas fechas en México se conmemoró el tercer aniversario de la formación del Moviminto por la Paz con Justicia y Dignidad.
Dos eventos terribles, separados por 35 años, nos hablan de la lucha sin cesar por la verdad y la justicia en nuestro continente. Es una lucha no sólo por la justicia en un sinnúmero de casos que representan el dolor de miles de familias, sino también y sobre todo por romper el muro de mentiras que protege a estados que –gobiernos van, gobiernos vienen– siguen ocultando la podredumbre del sistema.
Es indudable que ha habido logros en años recientes. El juicio histórico al General Efraín Ríos Montt en Guatemala llevó a la luz pública los horrores de la campaña de genocidio contra la población maya de este país y por primera vez, las voces de hombres y mujeres indígenas, víctimas de atrocidades, se escucharon en un juicio legal.
En Perú, hemos visto las decisiones contra el ex-presidente Alberto Fujimori en los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En Colombia también llegan casos a las cortes, aunque una fracción de lo que debe ser.
En algunas ocasiones, los y las fiscales y jueces fallan a favor de la justicia y en contra de los intereses que siguen ejerciendo enorme poder, y el derecho internacional prevalece. En muchos casos las investigaciones y las comisiones de la verdad arrojan evidencias innegables de lo que los pueblos y los opositores a las dictaduras sabían de primera mano y tuvieron que callar.
Incluso cuando el poder fáctico es más fuerte que el sistema judicial –como pasa a menudo–el mero hecho de sacar a la opinión pública la verdad en voz de las victimas es un logro para la sociedad. Aunque no termine el proceso, Guatemala nunca será igual después de escuchar las historias, en voz débil pero decidida, de las mujeres Ixchil sobre la esclavitud sexual a manos del ejército guatemalteco. México no es lo mismo desde que las victimas hablaron y se organizaron.
Si no han logrado romper la impunidad, por lo menos han roto el silencio.
La memoria histórica se nutre de nuevas fuentes, nuevos descubrimientos. Los trabajos forenses que excavan en fosas clandestinas hechas para sepultar el pasado permiten que los muertos hablan. Los archivos recuperados–como las 1,500 carpetas de documentos encontradas recientemente en el subsuelo del Edificio Cóndor en Buenos Aires, o los papeles carcomidos del archivo de la Policia Nacional en Guatemala–añaden piezas a la rompecabeza de la historia. Las frias indagaciones en las morgues, los esfuerzos a reconstruir el recuerdo colectivo–todo ha revelado crimenes de lesa humanidad que ni prescriben, ni se olvidan.
En Argentina hay más de 2,000 acusados, 386 condenados a finales del año pasado. En otros países también hay figuras del máximo poder tras las rejas, tirados del trono a la ignominia.
Con estos esfuerzos de la sociedad civil organizada, empiezan a salir algunos patrones claros. Como dice un informe reciente sobre justicia por crímenes del pasado en America Latina, uno es “el estrecho vínculo entre la política represiva y la política económica.” En referencia a la dictadura argentina, señala que “esto se ve reflejado tanto en los beneficios que varios grupos económicos obtuvieron, como en acciones concretas que realizaron los directivos de distintas empresas, entre ellos secuestro y tortura.” Con contadas excepciones, la alianza entre las dictaduras y los sectores empresariales nacional e internacional hizo posible las décadas sangrientas que marcaron para siempre nuestros países.
Otra lección ha sido el papel sistemático de la violencia sexual en la represión. Los juicios para los crímenes del pasado han logrado avances importantes en visibilizar esta estrategia y dar voz a las víctimas, que no aparecían en procesos e investigaciones anteriores. La violencia sexual, sobre todo pero no exclusivamente contra las mujeres, tiene un impacto diferenciado en muchos sentidos desde el intento hasta la ejecución de la represión. Atacar el cuerpo de la mujer es atacar a la comunidad y su capacidad de reproducción y resistencia.
Exigir castigo en casos de violencia sexual es un gran avance, porque mientras las masacres están por fin registradas entre los crímenes de lesa humanidad en la ley internacional, las violaciones sexuales, la esclavitud sexual, el robo de hijos y los ataques sexuales han sido hasta ahora poco codificados en la ley y rara vez llevados a la justicia. Constityen una herida que no sólo no sana, sino que se infecta por ser oculta, estigmatizada, como si fuera una vergüenza propia de la mujer y no de un sistema político profundamente enfermo.
Estos crímenes son más que ataques contra las mujeres; son estrategias de exterminio. En el caso de Argentina dice el informe: “la violencia sexual en los centros clandestinos formó parte del plan general de aniquilamiento y de degradación de la subjetividad de las personas y, por lo tanto, no se trató de situaciones aisladas.”
A pesar de los avances significativos hacia la justicia en el continente, hay señales de retrocesos también. En países cono Honduras, Guatemala y México, los perpetradores están en el poder, auto-protegidos de las verdades del pasado y los reclamos del futuro. Los crímenes siguen a pesar de nuevos marcos legales. Por ejemplo, hay un aumento notable en las ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos del estado. Cualquier persona considerada (sin juicio de por medio) vinculada al narcotrafico es blanco de ejecución, como si no fuera ser humano con los derechos que le atañan. La violación y abuso sexuales por parte de las fuerzas armadas y policiacas siguen en la total impunidad. Hay nuevos golpes de estado, en Honduras y Paraguay, y ahora hay intentos de derrocar al gobierno democraticamente electo de Venezuela.
Estos retrocesos revelan una lección aún no aprendida–el papel de los organismos internacionales y en particular el gobierno de EEUU. Hasta ahora, en el esfuerzo de rendición de cuentas estos han salido ilesos, a pesar de su probado papel en llevar al poder y sostener a las dictaduras y guerras sucias del pasado, y de promover y financiar la re-militarización de hoy en nombre de la guerra contra el narcotráfico. En algún momento, los procesos y sistemas legales tienen que reconocer que las políticas exteriores de apoyo a asesinos son cómplices de la muerte.
De todos los objetivos y logros que buscan los movimientos por la justicia, el más importante es el menos logrado: garantizar la no repetición. Para eso sirve la memoria histórica. No para el duelo, sino para construir un futuro libre de violencias.
El lema del Movimiento por la Paz lo dice todo: “porque tenemos memoria, sembramos justicia”. La justicia no es solo la resolucion de casos del pasado. La gran verdad que revela la búsqueda de la justicia es que los crimenes no quedaron en el pasado, se cometen dia tras dia desde el poder y sus propias instituciones en nuestros paises.
Y entonces, el gran reto va más allá de indagar y llevar a juicio lo que ocurrió en el pasado. Debemos parar la máquina de muerte representada por el poder político y económico, en defensa de las vidas que de lo contrario podría cobrar en el futuro.
Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas www.americas.org.
