Reunificación familiar: derribando el alambre de navajas

By  |  26 / julio / 2021

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US Customs and Border Protection - niños detenidos - McAllen TX - 2018

Niños detenidos, McAllen, TX, 2018. Foto por: US Customs and Border Protection, 2018

(Este comentario es una secuela al artículo de Costantini, “La política de Trump de separación de familias ¿fue tortura?”, publicado el 29 abril por Americas Program.)

Reunir a los más de cinco mil niños separados a la fuerza de sus padres por la administración de Donald Trump ha sido un proceso lento y agónico. Los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil han contribuido a reducir el número de niños aún separados a menos de 400, a pesar de la obstrucción de la burocracia de Trump. A partir de febrero, la administración de Joe Biden ha puesto en marcha un grupo de trabajo que está coordinando con grupos no gubernamentales para completar las reunificaciones y brindar apoyo a las familias. Pero otras políticas de Trump que los funcionarios de Biden han continuado, están contribuyendo de forma inadvertida a nuevas separaciones de familias en la frontera.

La separación forzosa de padres e hijos inmigrantes bajo custodia de Estados Unidos fue la práctica emblemática del régimen Trump para poder cumplir con su política de Tolerancia Cero. Bajo este mandato, el Fiscal General Jeff Sessions anunció que no toleraría más la solicitud de asilo por parte de personas que cruzaran la frontera en los puntos oficiales de entrada a la hora de entregarse a la Patrulla Fronteriza. Sessions además dijo que presentaría cargos criminales en contra de todos los que actuaran así, fueran solicitantes de asilo o no. A la hora de detener a familias, agentes del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza separaron a los niños de sus padres, sin mantener un monitoreo efectivo de los casos relacionados y sin notificar a los padres donde estaban detenidos sus hijos.

Al mismo tiempo, la administración Trump estaba “midiendo” (“metering”) el flujo de solicitantes de asilo en los cruces fronterizos oficiales, reduciendo el ingreso de los mismos a un goteo, y a veces cerrándo la frontera por completo. Esto dejó a decenas de miles de migrantes, principalmente centroamericanos, atrapados en peligrosas zonas fronterizas mexicanas controladas por el crimen organizado.

Estas barreras al asilo, sin embargo, violaron la Ley de Refugiados de 1980 de Estados Unidos y la Convención de Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas, las cuales permiten pedir asilo en cualquier punto de la frontera,  así como adentro de los EE.UU.

Utilizar la separación de niños de sus padres para disuadir y castigar a los solicitantes de asilo y otros inmigrantes fue un punto de contención, incluso para muchos Republicanos y grupos conservadores, que llegó a ser ampliamente condenado. Un estudio por Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos) encontró que la práctica de la separación de familias constituía tortura y desaparición forzada bajo la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas. Un ex Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas citó la Asociación Americana de la Pediatría, que calificó la política de Trump como una forma de “abuso infantil sancionado por el gobierno” que podría causar “daños irreparables” con “consecuencias de por vida”. Otras autoridades de derechos humanos de la ONU y de organizaciones no gubernamentales condenaron esta y otras políticas anti inmigrante de Trump como “xenófobas” y “un ataque descarado a los derechos humanos” que “redujo drásticamente las protecciones para familias migrantes.” Por fin, el último fiscal sobreviviente que procesó a los nazis en los juicios por crímines de guerra, Benjamin Ferencz, lo llamó “un crimen de lesa humanidad”.

En una demanda presentada en 2018 por la Unión Americana de Libertades Civiles, Ms. L v. ICE (la Sra. L contra ICE), el tribunal declaró como inconstitucional la política de separación de familias y ordenó al gobierno que reuniera a todas las familias separadas.

Sin inmutarse, el Rasputin de las políticas migratorias bajo Trump, Stephen Miller, propuso restablecer la separación familiar con un toque aún más sádico. Bajo lo que denominó “Elección binaria”,  el New York Times informó que los padres inmigrantes con hijos se verían obligados a escoger: permitir que les quiten a sus hijos voluntariamente, o renunciar a las protecciones humanitarias de sus hijos para que toda la familia fuera encarcelada junta indefinidamente.

Oficialmente, Elección binaria nunca entró en vigor. Pero un total de 5,512 niños estaban separados de sus padres entre 2017 y 2019, según el reporte de Médicos para los Derechos Humanos. En realidad, el programa de separación familiar comenzó a mediados de 2017, según NBC News, casi un año antes de que Sessions anunciara Tolerancia Cero, con un “programa piloto” en el sector de El Paso, Texas. Y las separaciones continuaron en menor número después de la orden judicial y el anuncio de Trump que cerró oficialmente el programa.

Los grupos de la sociedad civil han seguido trabajando desde el principio para reunir padres e hijos, a pesar de una falta de cooperación de los apparatchiks de Trump. A veces los oficiales de inmigración proporcionaron información de contacto obsoleta, demoraron en proveerla, o la retuvieron por completo, según el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “La razón por la que tantas familias no han sido localizadas,” aseveró el director adjunto Lee Gelernt, “es porque la administración Trump ocultó sus nombres y luego no divulgó información que podría habernos ayudado a encontrarlas.”

Un reporte de 2019 por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional encontró que Customs and Border Protection sabía desde 2017 que sus sistemas informáticos no disponían de la funcionalidad necesaria para dar seguimiento a las familias migrantes separadas. Pero no actualizó sus sistemas de tecnología de información ni capacitó adecuadamente a su personal antes de ejecutar la Tolerancia Cero. Como resultado, CBP rastreó las separaciones familiares utilizando «métodos ad hoc» que «condujeron a errores generalizados». Esto sugiere que aumentar la dificultad de reunir a familias fue una característica más que un error de Tolerancia Cero.

De acuerdo a informes, el número de niños que aún esperan ser reunidos se redujo de 611 en enero a aproximadamente 400 a fines de abril, y ha seguido disminuyendo lentamente. Pero la labor de reunificar a familias al parecer se ha vuelto más difícil a medida que se resuelven los casos más sencillos, dejando a muchos de los restantes sin suficiente información o presentando otras dificultades.

Biden lanza un grupo de trabajo

La administración Biden, cumpliendo una promesa de campaña, emitió una orden ejecutiva el 2 de febrero estableciendo un Grupo de Trabajo Interagencial sobre la Reunificación Familiar. Está presidido por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, e incluye a funcionarios de los Departamentos de Estado, Salud y Servicios Humanos, y Justicia.

El primer informe del Grupo de Trabajo, publicado el 2 de junio, describió un aumento lento pero acelerando de su trabajo. A fines de mayo, solo había podido reunir a siete familias. Pero dijo que en las próximas semanas 29 familias más serían reunificadas. Casi 50 peticiones se habían presentado ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, según el informe, de las cuales 37 habían recibido libertad condicional humanitaria. Este es un estatus migratorio que permite a las familias ingresar y permanecer en EEUU durante tres años, con posibilidad de renovación, y solicitar autorización de trabajo.

La contabilidad del Grupo de Trabajo coincidió en gran parte con la de Physicians for Human Rights y la American Civil Liberties Union. Informó que hasta el momento había identificado a 3,913 niños separados desde el 1 de julio de 2017, de los cuales casi todos habían sido entregados a sus patrocinadores en EEUU (pero no necesariamente a sus padres). Pero esta cifra incluyó a 2,127 cuyo estado de reunificación el Grupo de Trabajo aún no podía verificar, aunque algunos de ellos podrían haber sido reconectados por los ONG. Entre estos niños separados, descubrió que el 58 por ciento eran de Guatemala y el 29 por ciento de Honduras. También contabilizó a otros 1,723 niños bajo custodia del gobierno remontando a enero de 2017 cuyos casos aún estaba revisando. Esto elevó su total de niños separados a 5,636, un poco más que el informe de PHR.

El reporte reconocía que antes de la creación del Grupo de Trabajo, organizaciones no gubernamentales eran las principales responsables de reunir a 1,779 niños con sus padres. Dijo que el Grupo seguiría coordinando la reunificación familiar con la ACLU y otros ONG. Y entre los problemas iniciales que seguía abordando, destacó “la ausencia de registros de separación familiar mantenidos por la Administración anterior.”

“El Departamento de Seguridad Nacional está comprometido con la búsqueda incesante de la reunificación de las familias que eran cruelmente separadas por la anterior Administración,” prometió Mayorkas en un comunicado de prensa. La directora ejecutiva del Grupo de Trabajo, Michelle Brané, comentó: “Durante demasiado tiempo, las familias han sido separadas bajo las políticas inhumanas de la Administración anterior. … Brindaremos apoyo y servicios para que estas familias empiecen a reconstruir sus vidas”.

El informe del Grupo de Trabajo destacó la disponibilidad de asistencia y recursos para reunificar a las familias y asentarlas temporalmente en EEUU, si así lo decidieran. Esto significaría traer de regreso a Estados Unidos a aquellos padres e hijos que han sido deportados o salido voluntariamente. El informe también dijo que el Grupo de Trabajo proporcionará tratamiento y asesoramiento para los problemas de salud mental y de comportamiento que enfrentan las familias como consecuencia de su separación.

Un juez federal ya había dictaminado en noviembre de 2019 que la implementación de Tolerancia Cero había causado “traumas mentales severos a padres e hijos,” según lo reportado por Miriam Jordan del New York Times, y que el gobierno de EEUU debía de ofrecer servicios de salud mental a los padres y los niños migrantes que habían sufrido daños psicológicos como resultado.

La directora ejecutiva de Physicians for Human Rights, Donna McKay, propuso que a las familias separadas se les otorgue “residencia legal” en los Estados Unidos, y pidió al Grupo de Trabajo que explore caminos hacia la ciudadanía para ellos, como dijo que Mayorkas había prometido. Gelernt, del ACLU, también instó al gobierno que “explore todos los medios disponibles para conferir un estatus legal permanente”. Más allá de los tres años de libertad condicional humanitaria, el informe no abordó la posibilidad de tales vías.

Más allá de la atención continua por traumatismos para los niños y los padres, tanto PHR como la ACLU propusieron proporcionar las necesidades básicas junto con la indemnización por daños y la reparación de perjuicios infligidos a las familias. McKay, de PHR, pidió “la rendición de cuentas para los autores” de la política. “El presidente Biden calificó de ‘criminal’ la política de separación de familias”, dijo. “Ahora su administración debe actuar para ayudar a sanar a quienes soportaron la separación familiar y exigir que los responsables rindan cuentas”.

Defensores de derechos humanos demandan por daños

“En 2018, cuando el país se enteró de que los bebés y los niños pequeños eran arrancados de los brazos de sus padres, la repulsión pública abarcó todo el espectro ideológico. El sentimiento era uniforme: nuestro gobierno no debería arrebatarles a los bebés de sus padres para usarlos como peones políticos. … En última instancia, es un imperativo moral eliminar la mancha histórica en este país. … Por el bien de estas familias, la administración Biden debe reparar los daños infligidos por la separación familiar y garantizar que tal atrocidad nunca vuelva a ocurir.”
– Lee Gelernt, Director Adjunto, Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU

Desde antes de la elección de Biden, la ACLU, el Centro Sureño de Ley de la Pobreza, y otras ONG han presentado acciones legales contra la administración Trump por la separación familiar.

En el 3 octubre de 2019, la ACLU presentó una demanda civil de acción colectiva en el Tribunal de Distrito federal en Arizona pidiendo daños y perjuicios para las familias desgarradas por lo que llamó “la práctica ilegal de la administración Trump de separar a las familias en la frontera”. Los demandantes en A.I.I.L. v. Sessions incluyen a familias guatemaltecas y hondureñas que fueron separadas por hasta 16 meses a lo largo de la frontera EEUU-Mexico, cerca de Arizona.

La demanda tiene como objetivo responsabilizar a funcionarios específicos para disuadir futuras maldades oficiales. A tal fin, nombra a acusados incluidos el ex asesor de la Casa Blanca Miller; el ex fiscal general Sessions; los ex secretarios de la Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, Kevin McAleenan, y John Kelly; y otros funcionarios de los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos/Oficina del Asentamiento de Refugiados, y la Casa Blanca.

Al presentar el litigio, la ACLU citó a un informe de septiembre de 2019 por la Oficina del Inspector General de Salud y Servicios Humanos. El mismo describió a niños separados que sufrían de  un “duelo agudo que los hacía llorar desconsoladamente”, al pensar que“sus padres los habían abandonado”, experimentaban “sentimientos de ira y culpa”, y estaban “preocupados por el bienestar de sus padres”.

En marzo pasado, la ACLU y la administración Biden anunciaron que estaban empezando negociaciones para llegar a un acuerdo en el caso A.I.I.L. v. Sessions. Gelernt, de la ACLU, dijo a Radio Pública Nacional que el gobierno había tendido la mano para iniciar las conversaciones de conciliación, pero que el nuevo Grupo de Trabajo de Reunificación debe seguir trabajando en paralelo para reunir a las familias separadas restantes durante las negociaciones. Los temas que los defensores de los inmigrantes están planteando en ambas instancias están la necesidad de un estatus legal permanente para las familias reunificadas y los servicios de salud mental para reparar el daño causado por la separación.

El Southern Poverty Law Center, otra organización estadounidense sin fines de lucro, y dos bufetes de abogados también han presentado dos demandas federales en Arizona en nombre de padres centroamericanos que reclaman daños y perjuicios al gobierno de EEUU por separarlos por la fuerza de sus hijos. La familia de los demandantes en el caso “sigue sufriendo cada día como resultado de sus horribles experiencias a manos del gobierno de Estados Unidos”, explicó la abogada del SPLC, Gillian Gillers. “El gobierno debe rendir cuentas por el mal hecho a las familias separadas, y tenemos que asegurar que este tipo de crueldad nunca más se repita.”

“Una vez que comencemos con estas demandas, van a revelar más intencionalidad, más crueldad, que es sumamente importante para responsabilizar a la administración Trump por lo que hicieron”, comentó Cathleen Caron, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Justice in Motion, a Rafael Carranza del Arizona Republic. Estas demandas civiles por separación familiar, dijo, son fundamentales para lograr justicia y curación para las familias, y una mayor rendición de cuentas para el gobierno de EEUU.

Cierre de la frontera por la pandemia provoca más separaciones familiares

Si bien el gobierno Biden ha comenzado a abordar los daños provocados por algunas políticas de Trump, una otra de esas políticas que ha continuado sigue resultando indirectamente en nuevas separaciones de familias.

Al principio de la pandemia COVID-19, funcionarios de Trump intimidaron a los Centros por el Control y Prevención de Enfermidades (Center for Disease Control and Prevention) para que emitiera una orden bajo un estatuto federal oscuro, United States Code Title 42 Section 265, titulado “Suspensión de entradas e importaciones desde lugares designados para prevenir la propagación de enfermedades contagiosas”. La nueva regulación frenó la mayor parte de inmigración en la frontera sur por supuestas razones de salud pública, autorizando a los oficiales fronterizos a expulsar rápidamente a todos los inmigrantes aspirantes sin permitirles pedir asilo. Esto provocó protestas por los expertos en salud pública dentro de los CDC y en todo el sector, quienes objetaron que no había ninguna justificación de salud pública para excluir a los solicitantes de asilo: todavía se permitía a un número mucho mayor de no inmigrantes cruzar la frontera a diario para negocios, trabajo, escuela, y razones personales, mientras que el número relativamente pequeño de solicitantes de asilo podría ser fácilmente sometido a pruebas, puesto en cuarentena si fuera necesario, y vacunado.

El gobierno de Biden ha continuado el bloqueo de la frontera bajo el Título 42 contra la mayoría de inmigrantes, pero se ha decidido aceptar a los niños no acompañados en el proceso de asilo a la frontera. La administración Trump los había excluido hasta que un tribunal dictaminó que tenía que permitirles ingresar al país. Esta decisión humana sobre los niños, sin embargo, tuvo una consecuencia no deseada: la discrepancia les dio a las familias rechazadas un incentivo para enviar a sus hijos solos a la frontera, en un intento de ayudarles a escapar de los peligros de las zonas fronterizas mexicanas.

Las políticas contradictorias de Biden acerca del Título 42 han “empujado a familias a tomar una decisión angustiante”, según un informe por Amnesty International. “Es probable que miles de niños hayan tenido que separarse de sus padres solicitantes de asilo para escapar de las peligrosas regiones fronterizas del norte de México, y luego hayan cruzado la frontera solos, ya que de lo contrario serían deportados con su familia si sus padres se cruzaran con ellos. Además de obligar a las familias a separar innecesariamente, según informes, las autoridades fronterizas estadounidenses todavía siguen rechazando a los niños no acompañados en algunos de los puertos de entrada oficiales más transitados, y les niegan el acceso a los procedimientos de asilo. A pesar de su derecho legal a solicitar protección en los puertos de entrada, la gran mayoría de los niños no acompañados emprenden viajes peligrosos a través de la frontera abierta, a menudo a merced de los contrabandistas.

El reporte de Amnesty también denunció que, si bien a muchos niños centroamericanos no acompañados se les permite ingresar en EEUU para pedir asilo, los niños mexicanos siguen siendo rechazados y regresados por parte de EEUU para enfrentar graves peligros, en violación del derecho internacional de asilo. También encontró que, en la frontera sur de México, los niños centroamericanos están siendo devueltos a sus países de origen por México.

Después de meses de críticas por parte de defensores de inmigrantes, parece que el gobierno de Biden está aflojando los controles fronterizos del Título 42. A partir de mediados de mayo, acordó permitir la entrada diaria en EEUU de hasta 250 solicitantes de asilo atrapados en México, lo que suma a unos 7,750 cada mes, según Camilo Montoya-Galvez de CBS News. El acuerdo para eximirlos de las restricciones del Título 42 se produjo en negociaciones para resolver un litigió federal presentado por la ACLU. El periódico mexicano La Razón informó que el gobierno está pidiendo a seis grupos defensores de inmigrantes que decidan cuales familias inmigrantes son las más vulnerables y deberían tener prioridad para continuar con sus casos de asilo en EEUU.

Mientras tanto, la cantidad de familias inmigrantes que intentaron cruzar la frontera suroeste disminuyó en mayo, mientras que aproximadamente el 80 por ciento de las familias encontradas por la Patrulla Fronteriza fueron liberadas en EEUU para solicitar asilo, según cifras de CBP. El representante Henry Cuellar, demócrata de Texas, opinó a Arelis Hernández del Washington Post que, basándose  en conversaciones con funcionarios de la administración, anticipaba que las restricciones del Título 42 terminarían a fines de junio o principios de julio.

En otro cambio de política con implicaciones para la separación familiar, el 1 de junio la administración Biden terminó por fin los Protocolos de Protección al Migrante de Trump, mejor conocidos como Permanecer en México, que devolvió a México a inmigrantes ya reconocidos como potenciales asilados para esperar sus audiencias iniciales allí. Las familias en este grupo también han experimentado fuertes incentivos a enviar a sus hijos solos a la frontera para solicitar asilo. La cancelación del programas deja a los 52 mil migrantes restantes varados en un limbo legal en México, Centroamérica, y otras partes a la espera de una respuesta, según la agencia para refugiados de las Naciones Unidas.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense ha iniciado el proceso de asilo para sólo 16 mil de las personas devueltas a México por el programa, menos de una cuarta parte del total de al menos 68 mil inscritos, informó Jorge Butrón de La Razón. Entre ellos, el gobierno de Biden ha permitido hasta la fecha que 11 mil 200 ingresen a EEUU para esperar sus audiencias de asilo, según Associated Press. Pero ha anunciado que permitirá que los 30 mil migrantes con casos pendientes vuelvan a entrar a EEUU para continuar con ellos.

A fines de junio, los solicitantes de asilo enviados a México bajo PPM que no asistieron a sus audiencias en los tribunales de inmigración y fueron declarado sujetos a deportación ya serán permitidos a reiniciar sus casos en EEUU, al igual que aquellos solicitantes cuyos casos fueron terminados debido a errores de procedimiento, explicó Melissa Cruz del American Immigration Council. Estos dos grupos podrían representar casi la mitad de todos los inscritos en el programa.

“Dondequiera que estén, deberían poder esperar en aquel país [Estados Unidos] porque no hay ningún obstáculo y están registradas”, Gretchen  Kuhner, directora de la ONG mexicana Instituto para las Mujeres en la Migración, le dijo a Butrón.

Mientras el espasmo trumpista de separación forzosa de familias se rieverte y se remedia, los inmigrantes y sus defensores ya tienen una visión más larga de lo que el sistema de inmigración preexistente, acertadamente apodado “Juan Crow”, ha infligido a las familias inmigrantes. Las décadas de implacables redadas de ICE, encarcelamiento y deportación han separado a millones de padres e hijos, dejando profundos lesiones en muchas comunidades de inmigrantes. El objetivo de mantener a familias enteras en medio de los tumultos de migración no se alcanzará hasta que se curen todos estos heridas, y se pueda acoger y proteger la movilidad humana sin sufrimiento humano.

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Hajar Habbach, Kathryn Hampton & Ranit Mishori. “’You Will Never See Your Child Again’ – The Persistent Psychological Effects of Family Separation”. New York: Physicians for Human Rights, February 2020.
https://phr.org/wp-content/uploads/2020/02/PHR-Report-2020-Family-Separation-Full-Report.pdf

Southern Poverty Law Center. “Family separation under the Trump administration – a timeline”. June 17, 2020.
https://www.splcenter.org/news/2020/06/17/family-separation-under-trump-administration-timeline

Amnesty International. “Pushed into Harm’s Way”. London: Amnesty, June 2021.
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR5142002021ENGLISH.PDF

Peter Costantini. “Shelter from the Storm”. Seattle, WA: April 19, 2020.
https://bit.ly/3g2lzfI

Este artículo en inglés, en formato PDF con notas finales y referencias
http://www.americas.org/wp-content/uploads/2021/07/Americas-Program-Costantini-Family-reunification_-tearing-down-the-razor-wire-footnotes.pdf

FamiliesBelongTogether-reunificación-bryan-2021

Familia reunida después de ser separada por autoridades de EEUU., 2021. Foto por: Families Belong Together, 2021