Fujimori y sus abogados saben que han perdido las elecciones y lo que intentan es dilatar el proceso para generar caos, incertidumbre y aterrorizar a la gente.
Colombia se desangra con las interminables manifestaciones que estallaron el 28 de abril y que ya han segado 60 vidas, dejado centenares de heridos, 120 desaparecidos y 113 hechos de violencia por razones de género, sin que se haya logrado un acuerdo con el gobierno.
En estos tiempos de pandemia todo parece indicar que la crisis socioambiental se está agravando en América Latina, y en especial en regiones como la Amazonia.
Colombia ha cumplido más de un mes en paro nacional, con una movilización popular histórica para este país y para América Latina. Las protestas contra el gobierno no paran. Esta fase de resistencia empezó como un grito contra una reforma tributaria que proponía cobrar impuestos a los productos y servicios básicos, elevando el costo de la vida en un país en donde el desempleo, la pobreza y la desigualdad han llegado a niveles sin precedentes. Ahora se ha convertido en una lucha entre la exterminación y la emancipación.
“Defender el territorio-tierra sin defender el territorio-cuerpo es una tremenda contradicción, porque así como el extractivismo mata, el machismo también.”
El Protocolo de Escazú entra en vigor el 22 de abril, 2021, fecha en que se celebra el Día de la Madre Tierra y cuatro años después de su adopción, así lanzando una nueva etapa regional de campañas de base. El reto: lograr que los gobiernos de la región implementen la protección de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en America Latina, fase que podría ser la más difícil y esencial de todas.
El 23 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el epicentro del COVID-19 se había trasladado a América Latina, en particular a Sudamérica. En conjunto, hasta el 30 de junio, la región presenta el mayor número de casos de contagio y de muertes en el mundo.
Tal vez la gota que rebasó la copa fue el bombardeo que ordenó en agosto el Presidente Duque y que en su momento se anunció como un exitoso golpe a las reincidencias de las FARC. Luego se descubrió que las víctimas habrían sido 18 niños, tres de los cuales fueron fusilados por el ejército.
El estallido social ha desnudado la imagen de bienestar de la sociedad chilena que vendía el establishment internacional, ha afectado su liderazgo regional y sus proyecciones de crecimiento económico y ha mostrado a una sociedad herida, que ha sumado temas pendientes de solución como los juicios por violación de los derechos humanos, la reparación a las víctimas de la violencia y la situación de los presos políticos.