Centroamérica

El feminicidio es un crimen anunciado, advierte la abogada Karla Micheel Salas. Anunciado, con frecuencia, por la misma víctima, en denuncias y llamados desesperados de auxilio que son obviados por las autoridades y la sociedad. Anunciado, por las condiciones de discriminación, amenaza y vulnerabilidad en que viven tantas mujeres. Anunciados, por las cifras de feminicidios que aumentan a diario. Anunciados, por el sistema capitalista-patriarcal en que vivimos todas, un sistema que desvalora la vida de la mujer, sobre todo si es migrante, extranjera, pobre, morena, con discapacidad.

Dicen en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) –la organización que Berta Cáceres fundó, que ella no se murió: se multiplicó; que el 2 de marzo no fue la muerte de Berta, sino la siembra, su regreso a la tierra que tanto defendió cuando aún respiraba, antes de que los asesinos le quitaran la vida.

Las denuncias señalan que la mayoría de los ataques son promovidos por el gobierno y sus funcionarios. Además, que los ataques en contra de mujeres periodistas tienen un alto contenido misógino y de odio.

Después de 30 años, el gobierno de El Salvador continúa asegurando impunidad para los responsables de la peor masacre de la historia moderna de Latinoamérica, en la que fueron asesinadas por la Fuerza Armada salvadoreña 986 personas.

Hemos examinado con interés el informe de su Plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con el pueblo de Centroamérica, ya que, si bien nuestras organizaciones y las comunidades que acompañamos compartimos el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones económicas en la región, nos preocupa que el Plan pueda recrudecer las políticas que han contribuido a la pobreza, la desigualdad y la violencia en Centroamérica.

La crisis política es el resultado de la indignación de amplios sectores de la población por la corrupción y la impunidad que se da en el Estado y se expresa particularmente en el Congreso de Guatemala. 

El ex-ministro de defensa recibió en España una sentencia histórica de 133 años, por la masacre de seis sacerdotes jesuitas españoles y dos salvadoreñas en 1989.