Las denuncias señalan que la mayoría de los ataques son promovidos por el gobierno y sus funcionarios. Además, que los ataques en contra de mujeres periodistas tienen un alto contenido misógino y de odio.
Después de 30 años, el gobierno de El Salvador continúa asegurando impunidad para los responsables de la peor masacre de la historia moderna de Latinoamérica, en la que fueron asesinadas por la Fuerza Armada salvadoreña 986 personas.
Hemos examinado con interés el informe de su Plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con el pueblo de Centroamérica, ya que, si bien nuestras organizaciones y las comunidades que acompañamos compartimos el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones económicas en la región, nos preocupa que el Plan pueda recrudecer las políticas que han contribuido a la pobreza, la desigualdad y la violencia en Centroamérica.
La crisis política es el resultado de la indignación de amplios sectores de la población por la corrupción y la impunidad que se da en el Estado y se expresa particularmente en el Congreso de Guatemala.
El ex-ministro de defensa recibió en España una sentencia histórica de 133 años, por la masacre de seis sacerdotes jesuitas españoles y dos salvadoreñas en 1989.
Con la pandemia de la COVID-19, el mundo nos advierte hoy, que, si no logramos construir alternativas al actual sistema regido por un capitalismo voraz, despiadado y extractivo, les robará el futuro a nuestros descendientes.
En El Salvador, detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos bajo pretexto de la pandemia
En El Salvador, el Covid-19 está dejando más denuncias contra violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y críticas negativas a la gestión del presidente Nayib Bukele, que afectados por la enfermedad.
Con la llegada de la pandemia del coronavirus a los países de América Latina, los pueblos y las comunidades indígenas se enfrentan a los desafíos que trae consigo esta enfermedad agresiva. Ante el abandono de los estados, la ausencia de inversión social en sus regiones, el cero acceso a hospitales regionales o nacionales, las personas indígenas están en una posición de desventaja total.
Honduras se derrumba. Los miles de migrantes que huyen todos los días son el testimonio de una crisis política, económica y social que el mundo ignora y que el gobierno de los Estados Unidos parece empeñado en perpetuar.
Con el fin de la CICIG, pierden las mujeres y hombres honestos, los trabajadores públicos que cumplen, los políticos y funcionarios que han dado su vida por construir otro país, los empresarios que invierten y realizan sus responsabilidades, los pequeños y medianos inversionistas que no se dan por vencidos a pesar de que no pueden competir con los corruptos monopolios, los estudiantes y los trabajadores del campo.