Una sombra se proyecta sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales de octubre de 2018 en Brasil.
La declaración destaca la participación de mujeres étnicamente diversas en las negociaciones de paz; garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos, los activistas de la sociedad civil y las comunidades indígenas y afrodescendientes; y un monitoreo e implementación inclusivos de los procesos de paz.
El intento del gobierno de Rafael Correa de desalojar a la principal organización indígena de su edificio, muestra las contradicciones de la “revolución ciudadana”. Está en juego el proyecto de país, un neodesarrollismo anclado en minería, petróleo y grandes hidroeléctricas encubierto bajo el mantra del Buen Vivir.