El triunfo del maestro rural, Pedro Castillo a la presidencia, será registrado en los anales de la historia como uno de los hechos simbólicos más significativos e importantes del bicentenario de la república. Con su lápiz y megáfono en mano, logró encarnar a las poblaciones del interior del país, a los más vulnerables, especialmente en la sierra y la selva, que no se dejaron cooptar por la campaña de terror de los medios de comunicación respecto a la llegada del comunismo y de Sendero Luminoso al Perú, si este triunfaba. En efecto, la artillería mediática instaló la idea de que su gobierno estaba infiltrado por brigadas de cubanos y venezolanos y que su triunfo formaba parte de una estrategia internacional de tomar el poder en América Latina por partidos de izquierda, organizada desde el Foro de Sao Paulo.
Pedro Castillo, del Partido Perú Libre (50.125%), se impuso a Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular (49.875%) durante la segunda vuelta electoral realizada el 6 de junio por una diferencia de 48 mil votos. Así lo certificó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) nueve días después de la elección. Esta es la tercera derrota consecutiva para Fujimori. En la primera, frente a Ollanta Humala, este la superó por 445 mil votos, mientras que, en 2016 Pedro Pablo Kuczynski, le ganó por 41 mil votos. En esa oportunidad, Fujimori no felicitó a su contrincante y le hizo una guerra desde el Parlamento, donde tenía mayoría. Su accionar dio lugar a un quinquenio de ingobernabilidad en el que se disolvieron varios gabinetes ministeriales, hubo cuatro presidentes y la disolución y elección de un nuevo Congreso.
Los supuestos defensores de la democracia y salvadores del comunismo internacional han sacado a relucir sus garras para desconocer los resultados: “Aquí nadie se rinde. Vamos a pelear contra el fraude chavista planificado y ejecutado por los agentes de Cuba y Venezuela (…) No podemos permitir que se imponga una dictadura robando las elecciones y distorsionando la voluntad popular”.
El primer paso consistió en recurrir al pedido de nulidad de Actas ya certificadas y contabilizadas por la ONPE, especialmente de las zonas rurales y comunidades aborígenes, donde el triunfo de Castillo fue abrumador. Uno de los poderosos abogados de Fujimori, Julio César Castiglioni, adujo que “en la serranía han llenado las ánforas a su antojo”, frase que deslegitima la voluntad popular de las comunidades aborígenes y rurales del Perú. La columna “Pedro Castillo podría vencer a la derecha peruana, pero no a su racismo”, publicada por el Washington Post, lanza duras críticas al conservadurismo peruano. Se considera que “el proyecto de suprimir votos indígenas sella una campaña cargada de racismo verbal y describe la forma en que Fuerza Popular entiende el país”. Se afirma que “Impugnar votos rurales es una posibilidad atendible y digna de exponerse en público gracias a que el sentido común en el Perú nos dice que el país está dividido en dos tipos de ciudadanías: una ordenada, orientada al futuro, urbana (donde florecen las élites económicas), y una caótica, bárbara, ‘lejana’, orientada al fraude y en espera de ‘la civilización’”. Como si en 200 años de República, no hubieran podido comprender que las personas indígenas no solo tienen derecho al voto, sino a votar por lo que ellas creen.
El poderoso bufete de abogados contratado por Keiko Fujimori (ad honorem, dicen…) ha recurrido a la Ley Orgánica de Elecciones que, en su artículo 363 señala las causales para declarar nulas las Actas de votación. Se trata de hechos muy graves que en este caso no tienen asidero. Suponen la “existencia de fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato”. Anular un Acta, implica anular entre 200 y 300 votos que por lo general contiene cada una. Las boletas de cada voto son destruidas en la mesa de sufragio en el momento que estos se transcriben en el Acta, que es aprobada por los miembros de mesa, personeros de los partidos y un funcionario de la ONPE. Solo se conservan las boletas observadas que se envían anexadas al Acta para su resolución en el Jurado Especial de Elecciones, proceso que concluyó limpiamente el 15 de junio.
Así se pronunciaron unánimemente los múltiples observadores nacionales e internacionales, incluida la OEA. Después del pedido de nulidad de Actas este organismo volvió a pronunciarse y señaló que observó un proceso electoral positivo, en el que se registraron mejoras sustantivas entre la primera y segunda vuelta. José Vivanco, presidente de Human Rights Watch, ha ido más allá y ha dicho que el pedido de nulidad de Actas debilita la democracia y no defiende el voto.
Los representantes de las comunidades indígenas, campesinas y amazónicas han rechazado las denuncias de los abogados del fujimorismo que intenta anular más de 200.000 votos y han señalado que se trata, de “un evidente racismo” al no respetar los votos rurales de la segunda vuelta en las zonas más alejadas del país. Anunciaron que iniciarían medidas legales para “haga respetar” el voto de las zonas rurales. Muchos señalaron que para emitir su voto tuvieron que realizar largas caminatas y que no aceptarán que se les robe el voto.
Lamentablemente para Fuerza Popular, solo 132 Actas fueron ingresados al JNE para solicitar su nulidad, en el plazo previsto por la ley. El número de votos involucrados en ellos, así el Jurado admitiera la nulidad de todas ellas, no alcanza para revertir el resultado de la elección. Por ello han iniciado una batalla judicial para que se extiendan los plazos establecidos –hecho que es ilegal—y han continuado presentando nuevos pedidos de nulidad de El argumento es que, dados los indicios de fraude sistemático, es preferible que se revisen para dar legitimidad al próximo gobierno.
La falta de pruebas de esta treta del fujimorismo permite suponer que el Jurado Nacional de Elecciones desestimará su pedido. Sus miembros son hostigados, pues diariamente cientos de manifestantes se apostan frente a sus domicilios. También son amenazados en las redes sociales y tildados de comunistas, defensores de terroristas, chavistas, entre otros.
Mientras tanto, Fujimori ha solicitado “una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales”, y representantes de sectores de ultraderecha han pedido que, ante los supuestos indicios de fraude se declare nula la segunda vuelta electoral. Periodistas de la ultraderecha incitan a la ciudadanía a tomar Palacio de Gobierno y a agobiar al JNE con más pedidos de nulidad de actas y solicitudes de habeas data al Poder Judicial. Este no tiene nada que hacer en el proceso electoral puesto que son poderes independientes. A esto se añade una carta de ex altos mandos en retiro del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, remitida al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la que afirman que existe un supuesto “fraude electoral” Por ello, si como resultado del mismo es proclamado ganador Pedro Castillo, los institutos castrenses no lo reconocerán. El presidente Francisco Sagasti ha remitido esa comunicación al Ministerio Público para que “en el marco de sus competencias y funciones realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional”.
En paralelo, el nobel peruano de literatura, Mario Vargas Llosa, ha señalado que la señora Fujimori le ha transmitido sus sospechas de fraude en su contra, por lo que hay que dar la batalla legal hasta sus últimas consecuencias y respetar la decisión del JNE. El escritor peruano considera que la mejor manera de empobrecer al Perú es seguir las recetas de Venezuela de Cuba y de Nicaragua y que todavía hay una chance de que Fujimori gane las elecciones.
El objetivo es lograr que el 28 de julio, día del traspaso presidencial, no se haya nombrado al presidente. Así, el almirante en retiro, Jorge Montoya, electo congresista del ultraderechista Partido de Renovación Popular, asumiría la presidencia en su calidad de presidente del Congreso y convocaría a nuevas elecciones.
El escenario que le espera
Si Castillo lograra superar la campaña de los supuestos salvadores de la patria del comunismo internacional, no podría convertir al Perú en Cuba, Venezuela o Corea del Norte –como alega la oposición—. Castillo carece de respaldo en el Congreso pues de un total de 130 congresistas, cuenta apenas con 37, además de los cinco congresistas de Juntos por el Perú, de Verónika Mendoza. Probablemente podría contar con el respaldo de algunos partidos de centro como el Partido Morado, (del presidente Sagasti) algunos miembros de Acción Popular o de Alianza por el Progreso. La alianza de la derecha es mayoritaria pues además de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, cuentan con el partido de la derecha extremista Renovación Popular de Rafael López Aliaga, del liberal Avanza País de Hernando de Soto y del populista Alianza para el Progreso, de César Acuña. Es decir, el margen para los cambios en el Congreso es muy reducido.
Pedro Francke, jefe del equipo económico del electo presidente ha señalado que las principales preocupaciones del gobierno serán la pandemia, el desempleo y la pobreza. El Perú ha sido uno de los países más castigados por la pandemia. Con 32 millones de habitantes, tiene casi 190 mil muertes por la covid-19. Es por lejos, el país con mayor número de muertes por habitantes en el mundo.
Francke ha reiterado que no habrá estatizaciones ni confiscación de ahorros. El denominado Plan Bicentenario señala que se impulsará la reactivación económica con foco en las pequeñas y medianas empresas, así como en los emprendimientos agrarios de la sierra. Los recursos para la reactivación económica provendrán de una mayor presión tributaria, que se conseguirá a través de dos elementos. Primero, una menor evasión y elusión tributaria (según Francke el Perú recauda menos de la mitad de lo que debería por la evasión); y. en segundo lugar, a través de un incremento de impuestos o regalías a la minería. Los precios del cobre, estaño y oro, principales productos de exportación de Perú, han incrementado significativamente sus precios en el mercado internacional. Francke considera que “La riqueza adicional de la minería debe compartirse con los peruanos”.
Se destinarán más recursos al gasto social, especialmente en salud, educación, así como a la innovación y la tecnología. La nueva política económica dejará de hacer del gasto social la variable de ajuste para tener el déficit fiscal controlado como lo han hecho todos los gobiernos en los últimos treinta años en los que el país ha sido aplaudido por el establishment internacional, de la misma manera como lo hicieron con Chile y Colombia. El camino hacia una distribución más justa del ingreso, será complejo y probablemente requiera de un acuerdo de gobernabilidad con mediadores como el Acuerdo Nacional o, inclusive, la Iglesia Católica.
Problemas de gobernabilidad
La estrategia de Fuerza Popular de instalar la idea de fraude en la sociedad, siguiendo el manual de Trump, ha generado un grado de polarización y temor en la ciudadanía que será duro de remontar y dificultará la gobernabilidad. Fujimori y sus abogados saben que han perdido las elecciones y lo que intentan es dilatar el proceso para generar caos, incertidumbre y aterrorizar a la gente con la llegada del comunismo, la supuesta confiscación de ahorros y la estatización hasta de los quioscos de caramelos y bodegas.
Castillo ha derrotado a su contrincante en elecciones limpias y transparentes y a pesar de la artillería desplegada por los poderes fácticos, es improbable que logren revertir los resultados por las vías legales. Si logra asumir el gobierno, la orquestación de la campaña contra Castillo continuará y la inestabilidad no se deberá a las políticas que adopte, sino al clima de polarización promovido por los medios que no admiten que un poblador rural ocupe el Palacio de Pizarro. Keiko Fujimori está acusada por la Fiscalía por presuntos delitos de liderar una organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, por los que ha pedido una pena de prisión de 30 años. Probablemente buscará asilo en alguna Embajada para luego huir del país, como lo hizo su padre.
La democracia y la independencia de poderes con las que tanto se llenan la boca sus defensores no les preocupa. Lo que les importa es mantener el statu quo y preservar el modelo y sus privilegios a cualquier precio. La victoria de Castillo, es ya un triunfo a pesar de que los poderes fácticos intentarán destrozarlo. Este se inscribe en el camino iniciado por Chile y que muy probablemente continúen Colombia y Brasil. Entre tanto, la sociedad ha sido rociada con gasolina y cualquier chispa podría encender la violencia en el año del bicentenario de la independencia del Perú.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008 y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina entre 2010 y 2015.
Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
