El mundo en foco | Columna de análisis
La prepotencia del presidente Trump en América Latina y el Caribe ha deteriorado los grados de alineamiento que los gobiernos de su supuesta zona de influencia tienen con Estados Unidos. Las mayores economías—Brasil, México, Venezuela y Colombia— le plantan cara y resisten la injerencia y amenazas de diversa índole, inclusive militar, tal como analizaremos más adelante. Su principal e incondicional aliado, Javier Milei, que ha conducido al país a una debacle económica y social, además de estar involucrado en graves casos de corrupción, acaba de perder abrumadoramente la elección en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón electoral del país. No son buenos tiempos para Estados Unidos en la región.
La condena de Jair Bolsonaro
Contra viento y marea el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó el jueves 11 a Jair Bolsonaro, a 27 años y tres meses de prisión. Junto con él también fueron sentenciados varios de sus excolaboradores como parte de una organización criminal golpista, además de militares que lo acompañaron en el fracasado intento de golpe de estado en contra del actual presidente, el 8 de enero de 2023. Entre los delitos imputados se consideraron: intento de golpe de Estado; tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho; organización criminal armada; daño cualificado; y deterioro de patrimonio público o histórico. Solo un juez, Luiz Fux, de un total de cinco, votó por absolverlo.
Bolsonaro permaneció detenido en Brasil, sin pasaporte y con tobillera electrónica desde el 4 de agosto. Durante una operación realizada por la Policía Federal, se descubrió un documento en su teléfono que indicaba que había solicitado asilo político al presidente Javier Milei. Ello motivó el arresto domiciliario del exmandatario por riesgo de fuga, a quien se le prohibió acercarse a embajadas o usar sus redes sociales.
En un claro gesto de injerencia y hostigamiento al Poder Judicial de Brasil, Donald Trump calificó la sentencia de “sorprendente” y la comparó con sus propios problemas judiciales pasados. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la administración “responderá en consecuencia” y acusó al juez del STF Alexandre de Moraes, de ser un “abusador de derechos humanos” y responsable de “persecuciones políticas”.
La reacción de sus hijos no se hizo esperar. Eduardo Bolsonaro, diputado federal por el Estado de Sao Paulo, que reside en Estados Unidos desde marzo para hacer lobby a favor de su padre, advirtió que se tendría “una respuesta con acciones del gobierno de Estados Unidos contra esta dictadura que se está instalando en Brasil” y advirtió que los jueces que votaron a favor de la condena podrían enfrentar sanciones bajo la Ley Magnitsky, utilizada anteriormente por el gobierno de Donald Trump contra el juez Alexandre de Moraes, por llevar adelante el juicio contra Bolsonaro. Dicha ley sanciona a extranjeros acusados de violaciones a los derechos humanos, imposibilita mantener cuentas bancarias, poseer tarjetas de crédito emitidas por instituciones estadounidenses o ingresar a ese país.
Como si fuera funcionario del gobierno estadounidense el diputado Bolsonaro respondió, a la pregunta sobre la posibilidad de una intervención norteamericana en Brasil, que no creía que en este momento. Pero “si el régimen brasileño se fuera consolidando con un perfil similar al de Venezuela (con elecciones que no son nada transparentes, sin amplia participación de la oposición, censura y prisiones políticas) podría ser perfectamente necesaria la presencia de cazas F-35 en Brasil, así como buques de guerra…”.
La condena de Brasil desde los BRICS por la presencia militar estadounidense
La respuesta más trascendente a la política injerencista del gobierno estadounidense la dio el presidente Lula el lunes 8 desde la Cumbre virtual extraordinaria de los BRICS+, donde participaron los presidentes o cancilleres de los diez socios plenos que lo conforman, entre ellos Xi Jinping y Vladimir Putin. Además de abordar los temas para los que fueron convocados –defensa del multilateralismo, reforma de la OMC, política arancelaria como arma de injerencia en la política interna de los países– Lula denunció que “la presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región”. Asimismo les propuso a los líderes de los BRICS avanzar durante la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar dentro de dos semanas, con “la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, con miembros permanentes y no permanentes de América Latina, África y Asia”.
Al día siguiente, en el contexto del proceso de votación de los jueces del STF en el juicio contra Bolsonaro, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo en referencia a Brasil y otros países, que Estados Unidos podría usar su poderío económico y militar para garantizar la libertad de expresión”. Cabe señalar que uno de los tres elementos que sustentaron la imposición de aranceles del 50% a la mitad de las exportaciones de Brasil hacia Estados Unidos fue el hecho de que algunos ciudadanos estadounidenses habían sido censurados en las redes sociales en Brasil. En efecto, las autoridades brasileñas han definido algunos parámetros en el contenido de las redes sociales que resguardan la soberanía digital, que deben acatar las empresas extranjeras que operan en el país.
La cancillería brasileña emitió inmediatamente un comunicado en el que condenó el uso de sanciones económicas o amenazas de uso de la fuerza “contra nuestra democracia”. El comunicado señaló que “el primer paso para proteger la libertad de expresión es justamente defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
Escalada de tensiones en Venezuela
Mientras un sector de la oposición liderada por María Corina Machado alienta y agradece al presidente Trump su decisión de cercar militarmente a Venezuela para derrotar al gobierno de Maduro, crece el número de personas que consideran que el desplazamiento de la armada estadounidenses en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, huele a petróleo y que el gobierno chavista no representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La mayoría tampoco cree que la pequeña lancha bombardeada el 2 de septiembre por la armada estadounidense en aguas internacionales del Caribe, en la que fallecieron sus once tripulantes, llevara un cargamento de droga. Más de diez días después del atentado, aún no se ha proporcionado la ubicación, el contenido de la embarcación ni las identidades de los tripulantes. Según el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, los fallecidos reclamados por sus familiares eran ciudadanos humildes, no eran narcotraficantes ni pertenecían al Tren de Aragua o al Cártel de los Soles. Para Trump, se trataba de narcoterroristas que transportaban un cargamento de droga a Estados Unidos. El problema para el presidente es que, inclusive sectores del Congreso de su país señalan que la Casa Blanca no ha proporcionado información detallada.
Las interrogantes no solo provienen de los sectores de oposición, sino también del Partido Republicano como Rand Paul, quien reflexionó ante la prensa auto formulándose estas preguntas: “¿Estamos dando por sentado que no habrá ningún problema con solo volar barcos? ¿Alguien sabe los nombres de esas personas? ¿Alguien va a presentar pruebas de lo que están haciendo?”. Paul también reaccionó a las palabras del vicepresidente J.D. Vance, quien defendió en redes sociales que “matar a miembros de los carteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas”.
La posibilidad de una invasión a Venezuela es creciente. Durante el primer gobierno de Donald Trump, el trío Marco Rubio, Mauricio Claver Carone y Elliot Abrahams hicieron lo imposible por desestabilizar al gobierno de Maduro, coordinando con el Grupo de Lima para que desde allí invocaran a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que reconocieran al presidente interino Juan Guaidó. Todos los intentos fracasaron. El actual secretario de Estado, de origen cubano, tiene un odio personal a Maduro y hoy tiene el poder para usar la fuerza militar abiertamente. Ya han inventado un pretexto que no toma en cuenta los informes de Naciones Unidas y de la propia DEA que señalan que Venezuela no es un productor importante de drogas y que el tráfico se realiza en más de un 90% desde el Pacífico. ¿Qué estarán calculando para actuar?
Probablemente la traición de algún sector de las Fuerzas Armadas Venezolanas. La recompensa de 50 millones de dólares no es para proporcionar información que conduzca al arresto de Maduro, como si se tratara de Bin Laden, sino para repartirla entre un sector de militares que podrían traicionarlo y capturarlo. Este esquema no ha sido efectivo en el pasado, aunque es cierto que la recompensa era menor. Otra posibilidad es que estén evaluando la eventual reacción de algún/os de los Bad Boys miembros de los BRICS, algunos de cuyos miembros tienen importantes inversiones en ese país.
Lo cierto es que Venezuela está en una suerte de guerra de desgaste. El gobierno considera que la presencia de la armada estadounidense amenaza su soberanía y ha ordenado un alistamiento masivo de ciudadanos y un despliegue de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y milicias en 284 frentes, lo que Maduro ha llamado el Plan Independencia 200.
Diosdado Cabello, que también es vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, considera que es “inevitable” una agresión de Estados Unidos porque “van en escalada (…) Todo obedece a un libreto y están usando la guerra psicológica y de desgaste”. Frente a esta situación, Cabello planteó el jueves una estrategia de resistencia activa prolongada en ofensiva permanente porque “ellos nunca van a estar preparados para una guerra prolongada. Algún día, mas allá de sus submarinos y sus aviones, van a tener que poner los pies en tierra venezolana y ahí van a saber de que están hechos los hombres y mujeres venezolanas”.
Las respuestas de México y Colombia
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha sido presionada para aceptar la presencia militar estadounidense en territorio mexicano para eliminar a los cárteles del narcotráfico, que han sido considerados como narcoterroristas desde el primer día que Trump asumió el gobierno. Por razones constitucionales, Sheinbaum ha expresado en repetidas ocasiones su desacuerdo con la presencia de buques de guerra estacionados en el Caribe frente a la costa venezolana y ha señalado que hacen falta pruebas para calificar al presidente Maduro como líder de un estado narcoterrorista.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha tenido una posición firme frente a la injerencia estadounidense, no solo en su propio país, en particular durante el proceso en el que se condenó recientemente a Álvaro Uribe a doce años de prisión por fraude procesal y soborno de testigos en actuación penal al ordenar a terceros manipular a testigos encarcelados para que declararan a su favor tras ser acusado de tener nexos con grupos paramilitares. Petro también ha condenado reiteradamente la presencia militar estadounidense en el Caribe.
El miércoles 9, durante la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonia en el estado de Manaos, acompañó al presidente Lula quien dijo que “No necesitamos intervenciones extranjeras ni amenazas a nuestra soberanía. Somos capaces de ser protagonistas de nuestras propias soluciones”. Ambos rechazaron la presencia estadounidense en el Caribe y Petro añadió que no permitirá jamás que Estados Unidos utilice el territorio colombiano para atacar a Venezuela. En su calidad de presidente pro tempore de la CELAC, ha sido impulsor de la declaración donde se manifiesta la preocupación de los países firmantes por el despliegue militar extra regional. Se recuerda que América Latina y el Caribe se convirtieron en la primera zona libre de armas nucleares en 1997 y que los 33 países de América Latina y el Caribe se proclamaron como Zona de Paz en febrero de 2014. De los 33 países miembros de la CELAC once países no lo han suscrito: Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala (lo firmó pero luego la retiró), Guyana, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. El respaldo a la Declaración muestra el bajo grado de alineación de la región con Estados Unidos.
“El mundo en foco” es la columna de análisis de Ariela Ruiz Caro para Mira: Feminismos y Democracias. Ariela Ruiz Caro es economista con maestría en procesos de integración económica y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina.
