Perú: la izquierda y el fujimorismo a la segunda vuelta y el alineamiento automático con Estados Unidos como eje del debate

El mundo en foco | Columna de análisis

Mientras que al candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se le agotan las armas para deslegitimar los resultados de las elecciones del 12 abril, la candidata ganadora de la primera vuelta, Keiko Fujimori, se prepara para enfrentar a Roberto Sánchez, el candidato heredero de Pedro Castillo, el próximo 7 de junio. La diferencia de votos a favor de Sánchez se ha incrementado y supera los 20 mil.  El conteo de votos ya culminó y solo falta contabilizar las actas impugnadas en el Jurado Electoral Especial Las estadísticas demuestran que, legal y matemáticamente, no hay chances de revertir el resultado.

Con el conteo prácticamente culminado, la realidad demuestra que los peruanos eligieron el silencio y el rechazo a la institucionalidad democrática. Las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revelan claramente que, de un total de 27.3 millones registrdos en el padrón electoral, el actor más importante de la elección es un bloque de 11.4 millones que no votó a nadie, representados por el ausentismo y los votos nulos y blancos. Estos representan el 42% del padrón electoral, y sus votos superan por más de cuatro veces a los que ha recibido la candidata más votada. La abstención es la primera fuerza electoral de una nación fragmentada que, en su hora más crítica, ha preferido el vacío antes que las opciones en la vitrina.

Como si la crisis del proceso electoral–atizada por el ultraderechista López Aliaga–no fuera suficiente, esta semana se presentó la posibilidad de una nueva vacancia presidencial, la novena en diez años. El actual presidente, José María Balcázar, quien lleva tres meses en el gobierno, anunció que un gobierno de transición, como el que el preside, no debe comprometer sumas tan elevadas (3,500 millones de dólares) para la compra de 24 aviones caza F-16 Block 70 y un avión cisterna Boeing KC-135 R Stratotanker de la empresa estadounidense Lockheed Martin, y que la decisión debería corresponderle al presidente elegido el próximo 7 de junio en las urnas. Añadió que habían necesidades prioritarias antes que destinar ese gasto a la compra de aviones caza.

El problema es que su antecesor, el expresidente José Jerí, ya había suscrito el acuerdo comercial con la empresa Lockheed Martin y se aproximaban las fechas de pago. Esta contradicción entre la firma del contrato con Lockheed Martin y las declaraciones del presidente Balcázar fueron el detonante de la renuncia de sus ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y el incio de una nueva moción de censura por incapacidad moral, actualmente en proceso.  

Las armas del caos

En la medida en que el conteo electoral favorece a Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Pedro Castillo, la agresividad de Rafael López Aliaga se incrementa, pero se estrella con la realidad. El últimatum que el candidato ultraderechista le dio al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, para que anule el proceso electoral bajo la amenaza de insurgencia civil –figura prevista en la Constitución, pero inaplicable en este caso– y que si no declaraba la nulidad le metería todo su Plan Morrocoy, bien grandazo, para que se haga hombre, no ha prosperado. El viernes el pleno del JNE rechazó, por unanimidad, el pedido de López Aliaga de declarar la nulidad de la primera vuelta electoral y de realizar elecciones complementarias en Lima Metropolitana.

Ese mismo día, el presidente de la ONPE, Piero Corvetto, renunció a su cargo, en un acto inconstitucional, pues la Constitución prohíbe que esto ocurra durante un proceso electoral. Esta fue aceptada, también de forma inconstitucional, por el JNE, lo que debería tranquilizar a López Aliaga, quien había amenazado a Corvetto con enviarlo a la cárcel por su supuesto crimen contra la democracia y perseguirlo hasta que se muera. López Aliaga, al ver que era superado por el izquierdista radical, Roberto Sánchez, ha atribuido estos resultados a la ineficiente organización en la distribución del material electoral y otros problemas logísticos, que efectivamente ocurrieron, pero que no configuran un fraude, tal como lo han señalado las misiones de observadores internacionales como las de la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter y Transparencia Internacional.

Mientras la señora K, como denomina López Aliaga a Keiko Fujimori, ya empezó su campaña presidencial, Roberto Sánchez ha convocado a los partidos políticas del centro hacia la izquierda. Aunque a muchos de ellos les desagrada el candidato de Juntos por el Perú, tanto por la alianza que tiene con el autodefinido nacionalista Antauro Humala como por posiciones consideradas oportunistas en la votación de algunos temas en el Congreso durante los últimos años, votar en blanco implica votar por Fujimori. Es algo que la mayoría no puede digerir.

Si bien la candidata presidencial está mejor posicionada para ganar la presidencia durante su cuarta contienda electoral, al haberla ganado con holgura en primera vuelta, el antivoto a Keiko Fujimori es alto. En la contienda electoral los votos blancos y nulos ( 3.1 millones)  fueron los ganadores de la elección. Los dos candidatos que disputarán las elecciones no suman juntos ni el 25% de los votos emitidos, sin contar que hubo un 23,8% de ausentismo. De los 35 partidos políticos que participaron en la contienda electoral, solo seis han logrado representación en el Congreso. En el Perú solo 19% de la población está satisfecha con la democracia, el índice más bajo de la región, después de Haití. Los resultados de la primera vuelta electoral denotan una enorme falta de representatividad de la sociedad peruana.

La injerencia de Estados Unidos

La presencia de ese país será un factor decisivo en la segunda vuelta. Perú es uno de los países más importantes en el eje de disputa entre Estados Unidos y China, no solo por el puerto de aguas profundas de Chancay y por su posición geográfica, sino por la importante presencia de capitales chinos en las inversiones mineras y en el sector eléctrico del país. China es el primer socio comercial del país a donde se destinan el 36% de las exportaciones peruanas, mientras que, a Estados Unidos, solo el 11.6%.  

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernardo Navarro, es una versión similar a la del Embajador de ese país en la Argentina, Peter Lamelas. Ambos son embajadores políticos y al ser hispanos parlantes, se mueven como pez en las aguas políticas de esos países. El gobierno estadounidense apoyará a Fujimori por todos los medios posibles de manera visible (tal como lo hizo en la Argentina en las elecciones legislativas de octubre, o en las presidenciales de Honduras en noviembre) o disimulada.

El embajador Navarro, arribó a Perú a fines de enero e hizo buenas migas con el expresidente José Jerí  quien ejerció la presidencia del Perú desde que vacaron a Dina Boluarte, en octubre del año pasado hasta su destitución el pasado 17 de febrero debido a cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios y el registro de ingresos nocturnos irregulares a Palacio de Gobierno que se prolongaban hasta la madrugada.  Jerí fue uno de los primeros invitados a formar parte del pacto militar del Escudo de las Américas y confirmó su asistencia a la ceremonia oficial con Donald Trump, pero fue destituido días antes. Sin embargo, el ministro de Defensa de Perú sí participó de la reunión con otros 17 países en la sede del Comando Sur, en la que estuvieron presentes el secretario de Guerra, Pete Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Jerí fue el principal impulsor de la compra de los aviones cazas estadounidenses. Durante su corta gestión autorizó la transferencia inicial de 340 millones de dólares para iniciar el proceso de modernización de la flota de la Fuerza Aérea del Perú. Durante su gobierno se seleccionó la oferta de Estados Unidos por “razones de seguridad” y para fortalecer la alianza estratégica con Washington. Por ello se dejaron de lado las propuestas de Suecia (Gripen) y Francia (Rafale). Estas negociaciones, con respaldo del Congreso, se hicieron a espaldas de la ciudadanía.

El anuncio del actual presidente José María Balcázar, de paralizar la compra que ya había acordado el expresidente Jerí provocó la renuncia del canciller, Hugo de Zela, y del ministro de Defensa, Carlos Días, y desdencadenó cuestionamientos desde los principales gremios empresariales y militares del país. Los gremios empresariales temen mucho la imposición de aranceles a pesar de que el Perú cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo cual al presidente Trump le da exactamente igual, pues al carecer de respeto por la institucionalidad y los tratados internacionales, ya ha impuesto aranceles a las exportaciones peruanas a ese país, violando el TLC.

La cancelación intempestiva del pago por orden del presidente motivó la reacción del Embajador Navarro quien ese mismo día señaló que, de detectarse mala fe en las negociaciones, “se utilizarán todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos y la región”. La presión fue fuerte y dio resultados favorables para consolidar dicha compra. En efecto, tres días después un comunicado de la Embajada de Estados Unidos confirmó que el primer contrato por 2 mil millones de dólares se suscribió el lunes 20 de abril con el “pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno”. Y el Ministerio de Economía, contradiciendo al presidente, hizo una transferencia de 462 millones dólares a la empresa estadounidense.

Esto dejó al presidente Balcázar en una posición muy difícil, pues el miércoles 22 dio un mensaje a la nación en el que dijo que él no había firmado nada y que mantenía su posición de que no se debía realizar ese gasto cuando faltaba dinero para gastos en educación y salud. Sin embargo, fue el propio presidente Balcázar quien firmó un Decreto Supremo (001-2026-DE) el 5 de marzo, que incluyó la compra de los 24 aviones F-16 en la “Lista General de Contrataciones declaradas como Secreto Militar”. En él otorgó las facultades legales a la comisión técnica y a los ministros para que pudieran suscribir el contrato con Lockheed Martin sin que el presidente tuviera que poner una firma final en el documento de compra. Fue después de ese mensaje el ministro de Defensa y el canciller renunciaron a sus cargos.

Varios bloques legislativos han utilizado esta crisis para impulsar una moción de censura contra el presidente acusándolo de mentir sobre la existencia del contrato ya firmado y de poner en riesgo la seguridad nacional y las relaciones con Estados Unidos. La moción de censura ha sido presentada formalmente, pero el Congreso aún no ha procedido con la votación final para su destitución. El Partido de Keiko Fujimori ha manifestado que no apoyaría la censura. Prefiere que el gobierno de transición termine su periodo para no aumentar la inestabilidad a pocas semanas del cambio de mando. De hecho, el nuevo ministro de Defensa nombrado por Balcázar, el abogado Amadeo Javier Flores Carcagno, es fujimorista al haber postulado como regidor de Lima por el partido Fuerza Popular, realizado aportes esconómicos a ese partido y haber sido asesor vinculado a sectores cercanos a la bancada fujimorista. A pesar de los nexos documentados con Fuerza Popular, Keiko lo niega con total descaro.

Lo real es que el fujimorismo ha manejado los hilos del poder desde el Congreso, desde que salió Pedro Castillo en diciembre de 2022. Si Balcázar fuera vacado, el actual presidente del Congreso, el ultrafujimorista, Fernando Rospigliosi, tendría que asumir la presidencia. A Fujimori no le conviene tener en la presidencia a un fujimorista en plena campaña electoral. Para ella es mejor tener a un  Balcázar débil y amnésico, del escindido Partido Perú Libre, como pararrayo. De todos modos, el proceso de censura en plena crisis electoral está en proceso y cuando López Aliaga se resigne a aceptar que no pasó a la segunda vuelta, la narrativa del fraude continuará y solo se detendrá si Fujimori es electa el 7 de junio.

Si bien el poder económico, mediático y la injerencia extranjera la favorecerá, mientras Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, será vilipendeado, nada garantiza que Keiko no tendrá una cuarta derrota electoral. Uno de los ejes del debate electoral entre Sánchez y Fujimori será sin duda la opacidad con que se realizan estas compras militares sin debate ciudadano, en un escenario de concentración creciente de la riqueza y una población crecientemente marginada, así como el alineamiento automático con Estados Unidos.