Los diputados oficialistas aprobaron a principios de enero la décima extensión de la ley marcial que permite, entre otras cosas, que el gobierno oculte la información de gastos públicos. El régimen de excepción incluye la suspensión de las garantías constituciones de los salvadoreños y el uso de los militares para tareas de seguridad pública.
Desde el 25 de marzo hasta el 30 de mayo, el gobierno informó que la policía y los militares han arrestado a más de 34,000 personas. Las organizaciones de la sociedad civil han recibido más de 360 denuncias de detenciones arbitrarias.
Reunir a los más de cinco mil niños separados a la fuerza de sus padres por la administración de Donald Trump ha sido un proceso lento y agónico.
La piedra más grande en el camino de los planes de la Casa Blanca para detener la migracion es la corrupción que existe en la región.
El hallazgo de los cuerpos enterrados en la casa de un expolicía perdió importancia esta semana, luego que el presidente Bukele anunciara el uso de “bitcoin” como moneda en el país.
En la segunda sesión plenaria, en menos de una semana, los diputados oficialistas del partido Nuevas Ideas, además, aprobaron una ley que blinda a los funcionarios del gobierno señalados por compras irregulares de millones de dólares durante la pandemia.
El feminicidio es un crimen anunciado, advierte la abogada Karla Micheel Salas. Anunciado, con frecuencia, por la misma víctima, en denuncias y llamados desesperados de auxilio que son obviados por las autoridades y la sociedad. Anunciado, por las condiciones de discriminación, amenaza y vulnerabilidad en que viven tantas mujeres. Anunciados, por las cifras de feminicidios que aumentan a diario. Anunciados, por el sistema capitalista-patriarcal en que vivimos todas, un sistema que desvalora la vida de la mujer, sobre todo si es migrante, extranjera, pobre, morena, con discapacidad.
Las denuncias señalan que la mayoría de los ataques son promovidos por el gobierno y sus funcionarios. Además, que los ataques en contra de mujeres periodistas tienen un alto contenido misógino y de odio.
Después de 30 años, el gobierno de El Salvador continúa asegurando impunidad para los responsables de la peor masacre de la historia moderna de Latinoamérica, en la que fueron asesinadas por la Fuerza Armada salvadoreña 986 personas.
Hemos examinado con interés el informe de su Plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con el pueblo de Centroamérica, ya que, si bien nuestras organizaciones y las comunidades que acompañamos compartimos el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones económicas en la región, nos preocupa que el Plan pueda recrudecer las políticas que han contribuido a la pobreza, la desigualdad y la violencia en Centroamérica.
