Los diputados oficialistas aprobaron a principios de enero la décima extensión de la ley marcial que permite, entre otras cosas, que el gobierno oculte la información de gastos públicos. El régimen de excepción incluye la suspensión de las garantías constituciones de los salvadoreños y el uso de los militares para tareas de seguridad pública.
Desde el 25 de marzo hasta el 30 de mayo, el gobierno informó que la policía y los militares han arrestado a más de 34,000 personas. Las organizaciones de la sociedad civil han recibido más de 360 denuncias de detenciones arbitrarias.
El hallazgo de los cuerpos enterrados en la casa de un expolicía perdió importancia esta semana, luego que el presidente Bukele anunciara el uso de “bitcoin” como moneda en el país.
En la segunda sesión plenaria, en menos de una semana, los diputados oficialistas del partido Nuevas Ideas, además, aprobaron una ley que blinda a los funcionarios del gobierno señalados por compras irregulares de millones de dólares durante la pandemia.
Las denuncias señalan que la mayoría de los ataques son promovidos por el gobierno y sus funcionarios. Además, que los ataques en contra de mujeres periodistas tienen un alto contenido misógino y de odio.
En medio de escándalos y casos históricos de corrupción, El Salvador se prepara para un nuevo quinquenio presidencial de la mano de Nayib Bukele. Bukele logró ganar las elecciones presidenciales sin presentar propuestas concretas de cómo pretende solucionar los problemas más grandes que aquejan al país centroamericano.
